Cuestionan contrato millonario de residuos con VITSA: Concejalas exigen control del Tribunal de Cuentas
Las concejalas justicialistas Carolina Amiano y Claudia Villalba solicitaron formalmente la intervención del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos para auditar el contrato de recolección de residuos con la empresa VITSA Soluciones Ambientales S.A. Esta acción surge en medio de una denuncia penal por posible defraudación contra la administración pública y ante la magnitud de más de 3.000 millones de pesos anuales que el servicio demanda de las arcas municipales.
La preocupación por la gestión de los recursos públicos en Concordia escaló esta semana con la presentación de las concejalas Amiano y Villalba. Ambas ediles, integrantes del bloque justicialista, elevaron un escrito al Tribunal de Cuentas de la provincia para que el organismo de control externo analice de manera exhaustiva el proceso de contratación y la concesión del servicio de recolección de residuos, actualmente en manos de VITSA Soluciones Ambientales S.A.
La decisión de las concejalas no es aislada. Se produce tras tomar conocimiento de la denuncia penal formulada por el abogado Mariano Giampaolo, quien instó a la Justicia a investigar una presunta defraudación contra la administración pública municipal en el marco de dicho contrato. Las edilas subrayaron que la información aportada en la causa judicial y el impacto económico del acuerdo, que representa más de 3.000 millones de pesos de las arcas municipales cada año, justifican plenamente la actuación del Tribunal de Cuentas para salvaguardar el patrimonio de todos los concordienses.
Amiano y Villalba recalcaron que la existencia de una investigación judicial no debe ser un impedimento para la intervención de los mecanismos administrativos de control. Por el contrario, sostienen que es crucial adoptar medidas preventivas mientras avanza la causa en sede judicial, dada la relevancia de los fondos públicos comprometidos y la prestación de un servicio esencial para la ciudad. La situación, afirmaron, trasciende cualquier discusión política y se centra en la transparencia y legalidad del uso de los recursos de la ciudadanía.
En su presentación formal, las concejalas detallaron una serie de puntos clave que el Tribunal de Cuentas debería evaluar de forma independiente. Entre ellos, pidieron analizar la legalidad del procedimiento administrativo empleado, la razonabilidad económica del contrato, la efectiva previsión y disponibilidad presupuestaria, y la validez de los informes técnicos y jurídicos que respaldaron las decisiones tomadas. Además, solicitaron que el organismo requiera toda la documentación vinculada al expediente y lleve a cabo una auditoría integral para identificar cualquier irregularidad de índole administrativa, contable, presupuestaria o patrimonial.
Este planteo se suma a un contexto de creciente cuestionamiento público sobre la instrumentación del contrato con VITSA, donde se han difundido inquietudes sobre presuntas irregularidades en los plazos administrativos y el volumen de fondos comprometidos. Las concejalas concluyeron exigiendo una rápida intervención del Tribunal de Cuentas para disipar las dudas que pesan sobre este proceso. «El Tribunal de Cuentas debe actuar con celeridad. Concordia necesita saber si un servicio público esencial fue contratado conforme a derecho, con transparencia, con respaldo técnico suficiente y sin ocasionar perjuicios al patrimonio municipal», expresaron, haciendo eco de la demanda ciudadana por claridad y rendición de cuentas.
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