Comercio de Concordia: La ayuda provincial es solo una señal, no la solución a una crisis terminal
El gobierno provincial enviará un proyecto de exención de Ingresos Brutos y un subsidio eléctrico para pequeños comercios. Desde el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC) lo valoran como un reconocimiento a la crisis, pero alertan que la medida es insuficiente para frenar el cierre de locales.
La difícil situación que atraviesa el comercio de Concordia es innegable, con la imagen de locales cerrados y carteles de «se alquila» cada vez más frecuente. En este contexto, el anuncio del gobierno provincial de eximir del impuesto a los Ingresos Brutos a monotributistas de las categorías A, B y C, junto con un subsidio en la tarifa eléctrica, fue recibido con cautela por el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC). Si bien su presidente, Adrián Lampazzi, celebra que el gobierno «admite que el comercio está en crisis», una señal que venían transmitiendo desde hace tiempo, advierte sin rodeos que esto «no va a cambiar la ecuación» y que «muchos están quedando en el camino».
La propuesta, debatida en el seno del CCISC y con otros centros de la provincia, representa un avance «simbólico» tras décadas donde solo se hablaba de aumentar Ingresos Brutos. Sin embargo, en lo concreto, la exención se limita a las categorías más bajas del monotributo, y el ahorro para el comerciante es mínimo. «Que un comerciante pague $9.000 o $10.000 menos no es relevante», enfatizó Lampazzi. El representante de la cámara local insiste en que Ingresos Brutos es el «peor impuesto», acumulativo y distorsivo, que se aplica en cada etapa de un producto y no se recupera como el IVA. Esta carga se agrava frente a la competencia de mercadería foránea que no afronta las mismas imposiciones en todas sus etapas de fabricación.
Respecto al subsidio en la tarifa eléctrica, Lampazzi estima que un ahorro de $8.000, aunque puede ayudar a algunos, «no va a hacer la diferencia». El sector reclama una «tarifa justa» para las pymes, incluyendo a responsables inscriptos, y cuestiona la categoría T1G que afecta a la mayoría de los comercios chicos. Esta categoría, diseñada cuando los comercios funcionaban en viviendas familiares, es considerada «inviable» por especialistas, ya que penaliza consumos necesarios, como el aire acondicionado en verano para confort de clientes, y beneficia a empresas como ENERSA.
Lampazzi lamenta que las medidas nacionales sean «muy macro», favoreciendo a grandes empresas con espalda, pero sin soluciones concretas para las pymes locales, que no ven reflejados los supuestos «récords de consumo» que se anuncian a nivel país, atribuyéndolos quizás a la venta por internet. Desde el CCISC no se piden «subsidios ni regalos», sino «medidas de fomento» para «aguantar y no desaparecer en la espera». La crítica al gobierno nacional es clara: «ha optado por operar sin anestesia», un riesgo que podría llevar a que «el precio a pagar sea demasiado alto» y el sector privado de Concordia, sostenido mayoritariamente por pymes, termine «muriéndose esperando».
Finalmente, el diálogo con el municipio existe, pero choca con un «escollo insalvable»: la caída de la recaudación. En un escenario donde el comercio local y las pymes son los principales generadores de empleo en la ciudad, esta falta de margen para acompañar las demandas agudiza la preocupación, dejando al sector en una situación de extrema vulnerabilidad y a la espera de soluciones efectivas que vayan más allá de gestos simbólicos.
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