Crecen las dudas sobre el contrato de VITSA: Concejalas exigen la intervención del Tribunal de Cuentas
Las concejalas justicialistas Carolina Amiano y Claudia Villalba solicitaron formalmente la intervención del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos en el controvertido contrato de recolección de residuos con la empresa VITSA. Esta acción surge a raíz de una denuncia penal que apunta a una posible defraudación contra la administración pública, sumando presión sobre un acuerdo que maneja más de 3.000 millones de pesos anuales de fondos municipales.
La transparencia y la legalidad del millonario contrato que vincula a la Municipalidad de Concordia con la empresa VITSA Soluciones Ambientales S.A. para la recolección de residuos están nuevamente bajo el ojo de la tormenta. En una movida directa y contundente, las concejalas justicialistas Carolina Amiano y Claudia Villalba presentaron esta semana una nota formal ante el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, exigiendo una auditoría y la intervención del organismo de control en el polémico acuerdo.
La iniciativa de las ediles no es azarosa: se produce inmediatamente después de que tomaran conocimiento de una denuncia penal presentada por el abogado Mariano Giampaolo, quien instó a la Justicia a investigar una presunta defraudación contra la administración pública. Para Amiano y Villalba, la información que ya obra en la causa judicial, sumada a la abultada cifra de más de 3.000 millones de pesos anuales que el contrato le cuesta a los concordienses, justifica plenamente la acción del órgano de control externo de la hacienda municipal. Es un monto que no puede pasar desapercibido y merece el escrutinio más exhaustivo.
En su escrito, las concejalas fueron claras al señalar que la existencia de una investigación judicial no debe, bajo ningún punto de vista, excluir la intervención de los mecanismos administrativos de control. Por el contrario, sostuvieron la necesidad imperante de adoptar medidas preventivas mientras la causa avanza en los tribunales. El pedido específico al Tribunal de Cuentas incluye la evaluación independiente de la legalidad del procedimiento administrativo, la razonabilidad económica del contrato, la previsión y disponibilidad presupuestaria, y el análisis de los informes técnicos y jurídicos que supuestamente respaldaron las decisiones tomadas.
Además de solicitar toda la documentación relacionada con el expediente, Amiano y Villalba reclamaron que el organismo provincial lleve adelante una auditoría integral del procedimiento completo. El objetivo es claro: determinar si existieron irregularidades administrativas, contables, presupuestarias o patrimoniales que pudieran haber perjudicado las arcas municipales. Esta solicitud se enmarca en un contexto de persistentes cuestionamientos públicos sobre cómo se instrumentó la contratación, con diversas denuncias que apuntan a presuntas anomalías en los plazos y el volumen de fondos comprometidos.
Las concejalas enfatizaron que esta situación trasciende cualquier debate político, ya que involucra directamente recursos públicos y la prestación de un servicio esencial para la vida diaria de todos los vecinos de Concordia. Por ello, instaron al Tribunal de Cuentas a actuar con «celeridad» para disipar cualquier sombra de duda. «Concordia necesita saber si un servicio público esencial fue contratado conforme a derecho, con transparencia, con respaldo técnico suficiente y sin ocasionar perjuicios al patrimonio municipal», expresaron, dejando en claro la urgencia y la seriedad de su pedido.
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