La cesantía de Gutiérrez: Tras la versión oficial, la defensa apunta a una «cacería» de Azcué
La abogada de Gustavo Gutiérrez, agente municipal cesanteado, desmiente la versión oficial del Municipio de Concordia, calificándola de parcial y sesgada. Asegura que el trabajador, con 27 años en la institución, es víctima de persecución y que el caso ya está judicializado.
En medio de una ola de despidos que ya suma cerca de 400 agentes municipales desde el inicio de la gestión, la Municipalidad de Concordia, a cargo de Francisco Azcué, anunció la cesantía de Gustavo Gutiérrez, empleado de la Dirección de Higiene Urbana. Según la versión oficial, la medida se tomó tras un sumario que comprobó más de cincuenta inasistencias injustificadas y su actividad en una peluquería en horario laboral. Sin embargo, la abogada defensora del trabajador, Cielo Petit, salió al cruce de esta información, acusando a la administración local de «persecución» y calificando la difusión oficial como «parcial, sesgada e interesada», con la clara intención de «amedrentar y amenazar» a otros agentes.
Petit enfatizó que Gutiérrez, con 27 años de antigüedad y sin antecedentes disciplinarios, ha sido objeto de «ensañamiento y persecución» desde mediados de 2025. La defensa señaló graves irregularidades en el área de Medicina Laboral, que sistemáticamente desconoce certificados médicos externos, y cuestionó el accionar de la Oficina de Sumarios por no producir pruebas solicitadas ni analizar la documentación presentada. Incluso, notas de descargo remitidas por el superior de Gutiérrez a la Dirección de Personal nunca habrían sido valoradas, sumando a la arbitrariedad del proceso.
La abogada también denunció que, en noviembre de 2025, se retuvieron los haberes de su defendido «sin notificación alguna y mediante un abuso desmesurado del poder», luego de que el médico laboral no reconociera sus certificados, privándolo de su derecho a la defensa. Asimismo, vinculó el caso de Gutiérrez con una presunta discriminación política, recordando que fue uno de los agentes trasladados mediáticamente por Azcué a Servicios Públicos por su identificación con el peronismo. Ante la falta de respuestas administrativas, la defensa ya ha promovido una medida cautelar y una demanda por nulidad de las resoluciones, lo que demuestra que el conflicto ha trascendido la esfera municipal para resolverse en la justicia.
Para Petit, la difusión de la cesantía de Gutiérrez forma parte de una estrategia comunicacional del Ejecutivo para «mostrar una transparencia que no tiene», mientras persigue un objetivo claro: reducir la planta de personal para reemplazar a trabajadores de carrera por contrataciones precarias, aumentando las erogaciones vía monotributistas y tercerizaciones encubiertas. La letrada incluso extendió sus cuestionamientos a otras supuestas irregularidades de la administración en contrataciones y compras de alimentos, y criticó duramente al Ministerio Público Fiscal por un «lineamiento» que, a su juicio, busca delitos solo en gestiones anteriores o en posibles candidatos para 2027, ignorando la igualdad ante la ley.
Finalmente, la abogada remarcó que la resolución administrativa que dispuso la cesantía será fervientemente discutida en sede judicial, y advirtió sobre el peligro de la exposición pública de su defendido. «Los procesos judiciales se ganan en los tribunales, no en los medios», sentenció Petit, concluyendo que este tipo de publicaciones «revictimizan y exponen a las personas con resoluciones que la propia administración sabe que pueden tener corta vida en la Justicia».
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