Oliva denuncia: La reforma previsional provincial es un golpe a los municipios y sus servicios
El senador Martín Oliva, del Partido Justicialista, lanzó una dura advertencia sobre el impacto económico de la reforma previsional aprobada en Entre Ríos. El legislador señala que el incremento en los aportes patronales desfinanciará a las comunas y repercutirá directamente en las prestaciones esenciales para los ciudadanos.
El debate por la reforma previsional provincial no se agota en el sistema jubilatorio. El senador Martín Oliva, representante del departamento Uruguay por el Partido Justicialista, ha lanzado una dura advertencia: la controvertida ley, recientemente aprobada por el Senado entrerriano, tendrá un efecto devastador sobre las finanzas de los municipios de la provincia, incluyendo los de Concordia. El legislador puso el foco en el incremento del aporte patronal que deberán afrontar las administraciones locales, estimando que este aumento, que oscila entre un 1,5% y un 3%, es un golpe directo a la capacidad de respuesta de los gobiernos municipales.
Oliva, quien posee experiencia como viceintendente e intendente de Concepción del Uruguay, conoce de primera mano la delicada situación de las comunas. Según su análisis, los municipios ya sufren un recorte en los ingresos por coparticipación y un aumento constante en las prestaciones que deben brindar a la ciudadanía. Frente a esta presión, el aumento del aporte patronal se convierte en un peso insostenible, dado que “los municipios no pueden aumentar impuestos para compensar ese gasto”, lo que inevitablemente llevará a una reducción de servicios. “Alguna prestación menor va a tener que hacer la municipalidad porque la gente sigue recurriendo al municipio por cuestiones vinculadas con salud, alimentos o distintas asistencias”, afirmó, sentenciando que esta reforma implica “trabajar más, aportar más y cobrar menos” para los entrerrianos.
La aprobación de la reforma también expuso profundas grietas internas en el peronismo provincial. El senador Oliva no solo cuestionó el fondo de la ley, sino también el accionar de sus pares Gladys Domínguez y Nancy Miranda, quienes, contrariando la postura unificada del bloque justicialista, votaron a favor de la iniciativa oficialista. Oliva recordó que el bloque había acordado previamente votar en conjunto en temas de trascendencia, y que Domínguez, quien ya había formado su propio bloque unipersonal el año anterior, había comunicado su decisión de no acompañar la postura mayoritaria, marcando una clara diferencia.
Esta situación generó un quiebre que ahora demandará una resolución interna. El legislador adelantó que el accionar de las senadoras será motivo de un análisis exhaustivo dentro del bloque. “Nosotros ya habíamos dicho que, en temas sensibles como este, debíamos votar juntos. Ella, sabiendo eso, votó con el gobierno y ahora tendremos que tomar una decisión”, manifestó Oliva, enfatizando la importancia de la cohesión en proyectos de fuerte impacto institucional y la necesidad de definir los pasos a seguir dentro del espacio político.
Finalmente, Oliva no descartó la judicialización de la reforma, considerando que existen sólidos fundamentos para acciones de inconstitucionalidad. Durante el tratamiento del proyecto, representantes de la Asociación de Magistrados ya habían advertido sobre posibles vicios, particularmente aquellos vinculados con la “declaración de emergencia” incluida en la norma. Incluso el Fiscal de Estado, según el senador, “le bajó un poco la carga” a la solidez constitucional de algunos artículos. Para Oliva, la vía judicial es un escenario probable una vez que la ley entre en vigencia, ya que la inclusión de la emergencia “deja abierta la puerta para una importante cantidad de acciones judiciales destinadas a defender derechos que ya estaban conquistados”.
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