Alerta roja en la salud de Concordia: 15.000 jubilados del PAMI en el limbo
El Sanatorio Concordia implementa un sistema de semáforo en su guardia que, en la práctica, restringe la atención de afiliados al PAMI a situaciones extremas. Esta medida se da en medio de un conflicto por aranceles impagos que pone en riesgo la cobertura de miles de jubilados de la ciudad.
La atención de la salud para miles de jubilados en Concordia pende de un hilo, simbolizada por un insólito sistema de colores en la guardia del Sanatorio Concordia. Según Jorge López, de la Mesa de Jubilados y Pensionados de la Plaza 25 de Mayo, los códigos «verde» para un dolor de cabeza o «amarillo» para un malestar moderado significan esperar horas o simplemente no ser atendido. Solo el «rojo», que implica una emergencia con riesgo de vida, garantiza atención inmediata, dejando en evidencia una alarmante precariedad en el servicio.
Desde el 1° de mayo, las restricciones se endurecieron: las consultas a especialistas y las cirugías programadas no urgentes están suspendidas, priorizando únicamente las intervenciones de emergencia y las vinculadas a tratamientos oncológicos. Aunque las autoridades del Sanatorio justifican el sistema de «triage» con colores para determinar los tiempos de espera según la gravedad, su aplicación actual en Concordia se traduce en una barrera para la atención de casos que, si bien no son de vida o muerte, requieren una respuesta rápida y prioritaria, como los códigos amarillos.
Detrás de esta crisis, emerge un complejo entramado financiero. Mientras la responsable del PAMI Concordia, Karina Bernardi, asegura que los pagos mensuales de $370 millones son regulares, el presidente del Sanatorio Concordia, Andrés Lemesoff, desmiente que la deuda sea el problema principal. El verdadero conflicto reside en la falta de actualización arancelaria, que acumula un desfase del 125% entre diciembre de 2023 y junio de 2026. Lemesoff advierte que, si no hay una recomposición de estos valores antes del 1° de septiembre, el contrato con PAMI podría rescindirse, llevando al sanatorio a una situación crítica que podría derivar en un concurso de acreedores para el 1° de octubre.
Esta situación no solo amenaza la estabilidad económica de la institución, que ya abona salarios en dos cuotas, sino que genera una profunda incertidumbre para las 15.000 familias de jubilados que dependen del PAMI en la ciudad. La Mesa de Jubilados y Pensionados ha expresado su preocupación por la continuidad laboral del personal médico y de enfermería, la disponibilidad de las 30 camas de internación destinadas a sus afiliados y, fundamentalmente, quién absorberá la atención de miles de personas vulnerables que, hoy, no tienen dónde recurrir.
Ante la gravedad de la situación, resulta alarmante la inacción de la esfera política local. A pesar de que la Mesa de Jubilados envió notas a concejales, funcionarios municipales, provinciales y nacionales, la respuesta ha sido escasa o nula. Mientras legisladores justicialistas de Paraná ya presentaron un proyecto de declaración expresando preocupación, en Concordia, a escasos 100 metros del Concejo Deliberante, los ediles permanecen en un sorprendente silencio. La confesión de concejales como Carolina Amiano y Claudia Villalba, quienes aseguraron no estar al tanto del reclamo, expone una dolorosa desconexión entre los representantes y las urgencias de los ciudadanos que deberían proteger.
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