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Crisis Cítrica: Proponen un Fondo de Rescate y Políticas para Sostener la Economía Regional

El sector citrícola entrerriano atraviesa uno de sus momentos más críticos, con productores ahogados por los costos y la caída del consumo, poniendo en riesgo la próxima campaña. Ante este panorama desolador, diputados provinciales impulsaron un proyecto de ley para crear un fondo financiero y políticas integrales de apoyo.

El sector citrícola entrerriano atraviesa uno de sus momentos más críticos, con productores ahogados por los costos de producción, una demanda en caída libre y la imposibilidad de afrontar las inversiones mínimas para la próxima campaña. Ante este panorama desolador, los diputados provinciales Enrique Cresto y Juan José Bahillo, con el apoyo de otros legisladores como Laura Stratta y Mariel Ávila, presentaron un proyecto de ley que busca ser una tabla de salvación para una de las economías regionales más importantes, que genera miles de puestos de trabajo directos e indirectos.

La iniciativa, concebida como una política de largo plazo, articula el “Programa Provincial de Recuperación, Sostenimiento y Desarrollo de la Citricultura Entrerriana”. Su pilar financiero es el “Fondo Provincial de Desarrollo Citrícola” (FODECIT), que se nutrirá con partidas del Presupuesto Provincial, aportes del Consejo Federal de Inversiones (CFI), programas nacionales e internacionales, y recursos de CAFESG destinados a economías regionales. Estos fondos serían vitales para otorgar créditos subsidiados, financiar la cosecha, el acarreo y el capital de trabajo, así como impulsar la fertilización, poda, manejo sanitario, reconversión de quintas, mejoras en riego y protección climática, y la modernización de la infraestructura de empaques e industrias.

Pero el proyecto no solo mira hacia la producción; también busca oxigenar la demanda, un factor clave en la crisis actual. Para ello, propone un “Programa Provincial de Consumo de Citrus Entrerriano”, que incorporaría nuestras frutas en escuelas, hospitales, comedores, residencias para adultos mayores y otras instituciones públicas. “Si el Estado compra alimentos todos los días para escuelas, hospitales y comedores, debe generar mecanismos para que una parte de esa demanda también pueda beneficiar a nuestros productores”, sentenció Cresto, señalando una lógica que, de concretarse, podría generar un flujo sostenido. Además, la ley prevé medidas para recuperar mercados, fomentar las exportaciones e incentivar la industrialización y el valor agregado a la producción provincial.

Para asegurar la coherencia y efectividad de estas políticas, se prevé la creación de una “Mesa Provincial Citrícola” como espacio de diálogo permanente entre el Estado y los actores de la cadena, y un “Observatorio Provincial de la Cadena Citrícola”. Este último, con representantes de todos los eslabones productivos, universidades e instituciones técnicas, sería clave para generar informes periódicos sobre costos, precios, empleo y situación sanitaria, información fundamental para diseñar políticas públicas efectivas y evitar soluciones parciales. La urgencia es manifiesta: las tareas esenciales para la campaña 2027, como poda y fertilización, comienzan en agosto y septiembre, y muchos establecimientos ya advierten que no podrán afrontar las inversiones necesarias.

Cresto fue enfático al subrayar que “defender la citricultura entrerriana no es solamente defender al productor. Es defender a los cosecheros, los empaques, los transportistas, la industria, el comercio y a cada familia que directa o indirectamente vive de esta actividad”. Este proyecto, que busca transformar los reclamos de un sector vital en una propuesta legislativa concreta, llega como un salvavidas necesario. Ahora, la pelota está en el campo del parlamento provincial y, de aprobarse, en la capacidad del gobierno para implementar estas medidas con la celeridad y eficacia que la crítica situación demanda para nuestra región.

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