La Justicia Frena el Nuevo Sistema de Comedores Escolares por Alimentos Ultraprocesados en Entre Ríos
Un amparo colectivo, respaldado por más de 400 adhesiones de padres y madres, logró la suspensión del plan gubernamental para modificar la provisión de alimentos en escuelas. La medida judicial detiene la entrega de productos con sellos de advertencia, exigiendo el cumplimiento de la Ley de Etiquetado Frontal y el mantenimiento del sistema descentralizado.
Un amparo colectivo respaldado por más de 400 adhesiones de padres y madres de alumnos logró un importante freno judicial al nuevo sistema de provisión de alimentos en los comedores escolares de Entre Ríos. La medida cautelar dictada por el juez Juan Francisco Malvasio suspende la entrega de productos con sellos de advertencia, manteniendo el modelo descentralizado que permite a las escuelas adquirir insumos a comercios locales, frente a la propuesta de tercerización por parte de empresas proveedoras.
La acción legal, impulsada por abogados en representación de AGMER y la Fundación Cauce, se basa en una sólida argumentación sobre la salud alimentaria. El abogado Rubén Pagliotto señaló que el nuevo sistema pretendía introducir “productos, no alimentos, ultraprocesados”, lo cual colisiona directamente con la Ley Nacional N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como Ley de Etiquetado Frontal.
Más aún, la propuesta choca frontalmente con la Circular N° 5 del Consejo General de Educación (CGE), emitida el 7 de abril de este año. Dicha circular prohíbe explícitamente la adquisición para desayunos y meriendas de una larga lista de productos, incluyendo medallones y “patitas” ultraprocesadas, caldos y purés en polvo, postres industrializados, golosinas y jugos artificiales. Esta contradicción interna del propio organismo educativo fue un pilar clave en la presentación judicial.
Pagliotto enfatizó que el objetivo del amparo es proteger la salud de niños y adolescentes, advirtiendo sobre el riesgo de obesidad y otras condiciones como la diabetes que estos productos pueden acentuar. Gracias a esta presentación, el juez Malvasio accedió a la medida, garantizando que los comedores escolares sigan operando bajo el sistema actual, donde las unidades educativas compran directamente a proveedores locales. Este esquema es valorado por su cercanía con la economía barrial y por asegurar un mayor control sobre la calidad y frescura de los alimentos.
Desde la Fundación Cauce, su directora ejecutiva Valeria Enderle calificó la modificación gubernamental como “inaceptable”, remarcando que la pirámide jurídica ubica las leyes nacionales por encima de cualquier normativa provincial que contradiga la promoción de alimentos reales. Por su parte, la abogada de AGMER, Verónica Fischbach, criticó la falta de consulta previa a los padres, resaltando que la Constitución Nacional y Provincial reconoce a las familias como actores esenciales en la educación y que el Estado debe dialogar antes de tomar decisiones que afectan directamente la alimentación de la población más vulnerable.
A pesar de reconocer ciertas deficiencias en el sistema actual de comedores, el secretario general de AGMER Central, Abel Antivero, fue contundente al afirmar que el gobierno provincial posee las herramientas necesarias para corregirlas sin necesidad de recurrir a la tercerización. Antivero reiteró la postura del gremio de que el sistema vigente, aun con sus falencias, es superior a la nueva propuesta que el gobierno pretendía implementar, probablemente a través de proveedores como Teknofood S.A.
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