Azcué ordena desalojos en calle Sarmiento, pero silencia el futuro de las familias
El intendente Francisco Azcué, mediante decreto, autorizó el inicio de acciones para desalojar construcciones en calle Sarmiento. Sin embargo, la decisión del Municipio no esclarece qué ocurrirá con las familias que habitan el sector.
El gobierno local, bajo la firma del intendente Francisco Azcué, oficializó esta semana una medida contundente que pone en la mira a los ocupantes de calle Sarmiento. A través del Decreto Nº 510/2026, se facultó a la asesora legal de Obras Públicas, María Magdalena Ponti, para avanzar con acciones judiciales y extrajudiciales destinadas a desalojar las construcciones que obstaculizan la traza de dicha arteria, entre Italia y De Souza Reilly.
Esta decisión no es nueva. Llega siete meses después de un edicto publicado en noviembre de 2025 que intimaba a los ocupantes a liberar el espacio en un plazo de apenas 48 horas. Aquella vez, el Municipio ya advertía sobre la gestión de donación del terreno para sumarlo a la vía pública. Pese a las repetidas advertencias, que se remontan incluso a diciembre de 2019 con las primeras intimaciones por viviendas precarias, el propio decreto reconoce que las construcciones aún persisten en el lugar, desoyendo los reclamos vecinales que iniciaron el expediente por la imposibilidad de dar continuidad a la calle.
La Asesoría Legal municipal fundamenta su postura en la potestad de «repeler las construcciones irregulares ilegítimas, no autorizadas y clandestinas» en un espacio público. No obstante, en un giro revelador, un informe de la Dirección de Prevención y Seguridad incorporado al mismo expediente, recomienda que cualquier desalojo sea ordenado por la Justicia, sugiriendo medidas de constatación preliminares y el inicio de una acción civil para garantizar el debido proceso legal. Una advertencia interna que el ejecutivo parece obviar en su avance.
El decreto hace mención a relevamientos sociales y notificaciones individualizadas a los vecinos. Confirma que «se intima a través de Cédula, a los individuos identificados y detallados respectivamente por el Departamento de Gestión Comunitaria Social, cuyos datos obran en el presente Expediente desde fojas 7 a fojas 34». Esto significa que el Municipio sabe quiénes son estas personas, pero elige no transparentar su identidad ni la cantidad de grupos familiares afectados por esta medida.
Lo más preocupante de la publicación oficial es el silencio absoluto sobre el destino de estas familias. Mientras la Municipalidad detalla con lujo de argumentos legales la necesidad de recuperar la calle, ni una sola línea se dedica a informar si existe un plan de relocalización, asistencia social o alguna solución habitacional para quienes podrían quedar en la calle. Tampoco se aclara si hay adultos mayores o menores involucrados, ni si se prevé la intervención de áreas clave como Desarrollo Humano o Emergencia Social. Una omisión que pone en jaque la mirada social de la gestión.
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