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Comedores Escolares: El Gasto Millonario de Teknofood Desata Interpelación y Demanda de Cambios Profundos

El bloque «Más Para Entre Ríos» logró la aprobación para interpelar a la Ministra de Desarrollo Humano y al director de Comedores Escolares, pidiendo explicaciones por el millonario contrato con Teknofood S.A. En paralelo, impulsaron un proyecto de ley para descentralizar el sistema, buscando mayor calidad nutricional y un ahorro significativo.

La polémica por el sistema de comedores escolares en Entre Ríos escala con fuerza. El bloque «Más Para Entre Ríos» ha logrado la aprobación para interpelar a la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, y al director de Comedores Escolares, Lautaro Azzalini, exigiendo explicaciones por la gestión actual. Esta movida legislativa llega en medio de un fuerte cuestionamiento por la millonaria contratación de Teknofood S.A., que según trascendió, implica una orden de pago por más de $101.000 millones.

La iniciativa, impulsada por diputados como Silvina Decco, Laura Stratta y Enrique Cresto, busca que Berisso y Azzalini expongan ante la Cámara el estado real del servicio de alimentación en las escuelas primarias y secundarias de la provincia. La oposición denuncia que el Ejecutivo no ha respondido a un pedido de informes de 34 puntos sobre la contratación de Teknofood, presentado el 28 de julio, lo que agrava la preocupación por la falta de transparencia. La fecha para esta sesión especial aún resta ser definida.

En paralelo al pedido de interpelación, el peronismo presentó un proyecto de ley titulado «Pueblo y Gobierno por una Alimentación y Nutrición Digna», que busca reemplazar de raíz el esquema centralizado vigente. Los legisladores argumentan que el modelo actual puede afectar negativamente la alimentación cotidiana de los estudiantes y cuestionan la calidad nutricional de los productos provistos por Teknofood. La nueva propuesta enfatiza que el objetivo no es solo entregar alimentos, sino garantizar una nutrición adecuada y de calidad.

El proyecto propone descentralizar los recursos, transfiriéndolos directamente a cada establecimiento educativo según su matrícula y prestaciones. Se prevé que profesionales de la nutrición elaboren menús variados y estacionales, con foco en productos frescos, permitiendo a cada escuela elegir según sus necesidades y la disponibilidad local. Además, se plantean controles nutricionales periódicos, aleatorios y sin aviso, para asegurar higiene y calidad. Los diputados sostienen que este sistema no solo mejoraría la oferta, sino que podría reducir el costo para el Estado a la mitad del actual gasto, que supera los $101.000 millones.

Otro pilar fundamental de la propuesta es el impacto económico local. En lugar de concentrar la provisión en una única empresa, el esquema permitiría a cada escuela comprar los alimentos a comercios y proveedores habilitados de su propia localidad. Esto significa que almacenes, carnicerías, verdulerías, panaderías y pequeños productores locales se beneficiarían directamente de los recursos destinados a la alimentación escolar. La iniciativa también contempla que los fondos no utilizados por ausencias o buena administración permanezcan en las escuelas para adquirir alimentos de mayor calidad o mejorar equipamiento de cocina, fomentando una gestión más eficiente y con autonomía.

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