Millonario Contrato de Basura en Concordia Bajo la Lupa del Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos ha iniciado una exhaustiva revisión sobre la contratación de VITSA Soluciones Ambientales por parte de la Municipalidad de Concordia para el servicio de recolección de residuos. Esta intervención, adelantada por el pedido de concejalas de la oposición, apunta a analizar un contrato que compromete anualmente más de $3.000 millones de fondos públicos.
El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos (TCER) ha puesto en marcha la auditoría sobre el polémico contrato que vincula a la Municipalidad de Concordia con la empresa VITSA Soluciones Ambientales. Aunque la revisión de este acuerdo, rubricado en 2026, estaba prevista para el próximo ejercicio, la solicitud de las concejalas justicialistas Carolina Amiano y Claudia Villalba aceleró los tiempos, integrando el análisis en la auditoría del ejercicio 2025.
La intervención del TCER se centra en la contratación directa de VITSA para una porción del servicio de recolección de residuos, una medida que se instrumentó luego de que el Municipio declarara la emergencia ambiental. Este acuerdo, de considerable magnitud, establece un compromiso de recursos públicos que supera los $3.000 millones anuales, cifra que genera un fuerte impacto en las arcas municipales y el debate ciudadano.
Para llevar adelante su control administrativo y contable, el organismo ya ha enviado requerimientos de información tanto al Ejecutivo municipal como al Concejo Deliberante de Concordia. El objetivo es reunir toda la documentación necesaria que permita analizar en detalle el procedimiento administrativo utilizado para la contratación y los antecedentes relacionados con la misma. Los auditores, además de revisar la documentación en sede, están realizando verificaciones presenciales para profundizar en los aspectos clave de las cuentas municipales.
Esta auditoría del Tribunal de Cuentas se suma a una denuncia penal previa presentada por el abogado Mariano Giampaolo, quien solicitó a la Justicia investigar la posible comisión del delito de defraudación contra la administración pública en relación con el mismo contrato. Es fundamental destacar que la existencia de esta causa judicial no impide ni condiciona el control autónomo del TCER.
De hecho, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas podría iniciar una investigación de oficio a partir de los elementos que surjan del análisis en curso. En caso de que se detectara alguna irregularidad que pudiera constituir un perjuicio para el erario público o una infracción legal, el organismo tiene la obligación de formular la correspondiente denuncia ante la Justicia, reforzando así su rol de garante de la transparencia en la gestión de los recursos públicos locales.
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