El Procurador General avala la continuidad del sistema de desayunos escolares, pero exige mejoras reales
En un dictamen clave, Jorge García, Procurador General de Entre Ríos, respaldó la sentencia que ordena adecuar el esquema de alimentación escolar, aunque rechazó los planteos específicos de padres, AGMER y Fundación CAUCE. La decisión allana el camino para que el Poder Ejecutivo continúe con su política, siempre y cuando garantice alimentos realmente saludables y no meros cambios formales.
La polémica por los desayunos y meriendas escolares en Entre Ríos sumó un nuevo capítulo crucial con el dictamen del Procurador General, Jorge García. Su intervención era esperada en el marco de una apelación ante el Superior Tribunal de Justicia, generada por el reclamo de padres, AGMER y la Fundación CAUCE que cuestionaron la implementación del nuevo sistema de alimentación en las escuelas.
En su resolución, García dictaminó que debe confirmarse la sentencia previa que generó el conflicto, al considerar que esta no es arbitraria sino que está sólidamente fundada en la normativa vigente. No obstante, el Procurador General entendió que no corresponde hacer lugar a los planteos formulados por las organizaciones y los padres que apelaron la mencionada sentencia, marcando una postura ambivalente que busca equilibrar las facultades del Poder Ejecutivo con la protección de derechos fundamentales.
Un punto central de su dictamen es la interpretación «en sentido amplio» del fallo inicial: no se trata meramente de retirar productos con sellos de advertencia, sino de asegurar una alimentación escolar verdaderamente saludable. García fue enfático al señalar que cualquier adecuación del sistema debe implicar una «modificación efectiva de los alimentos» y no limitarse a un cambio formal en su etiquetado, una advertencia clara al gobierno sobre la profundidad de los cambios requeridos.
Asimismo, el Procurador General valoró positivamente la instancia de diálogo interinstitucional y multisectorial convocada por el Gobierno provincial, en la que participan especialistas, universidades y la empresa proveedora. Consideró este ámbito como el adecuado para avanzar en la adecuación del sistema, transformando la apelación en una oportunidad para «aclarar el alcance de la sentencia y no para revocarla», consolidando la necesidad de correcciones.
De esta manera, el dictamen de Jorge García respalda la continuidad de la política alimentaria instrumentada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, lo hace bajo la condición ineludible de que se realicen las adecuaciones necesarias para garantizar que los productos ofrecidos cumplan efectivamente con los estándares de alimentación saludable que exige la normativa. La pelota ahora vuelve al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para la resolución final, pero con una dirección ya marcada por la Procuración General.
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