La Justicia desautorizó al Municipio y ordenó devolver descuentos a más de cien municipales
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) falló a favor de ATE, obligando al gobierno local a restituir los montos retenidos a empleados municipales. Los descuentos habían sido aplicados de forma arbitraria a quienes participaron en protestas por los despidos de fin de año y medidas de fuerza en el Corralón.
La Justicia entrerriana puso un freno al accionar del Ejecutivo municipal de Concordia. Tras una contundente resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ), el gobierno local se vio obligado a restituir los fondos ilegalmente descontados a más de un centenar de empleados municipales. Se trata de retenciones aplicadas a trabajadores que participaron en movilizaciones y medidas de fuerza en protesta por los 130 despidos de contratados a fines de 2023.
Los descuentos, en concepto de presentismo y puntualidad, se habían efectuado a quienes el pasado 9 de enero marcharon en solidaridad con los 130 trabajadores cuyos contratos no fueron renovados el 31 de diciembre. A su vez, también se vieron afectados los empleados que adhirieron a las acciones de fuerza desarrolladas en el Corralón Municipal los días 12, 13 y 14 del mismo mes. La medida municipal fue interpretada como una clara respuesta punitiva a las manifestaciones.
El proceso se inició cuando un grupo de trabajadores se acercó a ATE Concordia para reclamar. El gremio interpuso recursos de amparo, que en una primera instancia fueron rechazados por jueces locales, fallando a favor del municipio. Sin embargo, ATE apeló y el STJ finalmente se pronunció a favor de los trabajadores, ordenando la devolución de los fondos. Ante el fallo, el Ejecutivo, a través de una nota firmada por el intendente Francisco Azcué, instruyó a la Dirección de Liquidaciones para que se efectúen las devoluciones a todos los afectados, cerca de un centenar, reconociendo implícitamente la ilegalidad de su accionar. Según Facundo Pérez, asesor legal de ATE, esta decisión masiva se tomó para evitar una avalancha de reclamos similares.
Para ATE, la decisión del municipio de aplicar estos descuentos fue un acto «arbitrario» y una estrategia de amedrentamiento. Facundo Pérez remarcó que las retenciones se realizaron «al voleo, sin mucho control», alcanzando incluso a empleados que se encontraban de vacaciones o con licencia por enfermedad, y que por ende no podían haber participado de las movilizaciones. «La intención era generar miedo en los trabajadores», sentenció Pérez, acusando al Ejecutivo de intentar «disciplinar» y perseguir a los gremios para sofocar cualquier tipo de protesta, sea individual o colectiva.
La Justicia entrerriana ha sostenido históricamente que cualquier descuento salarial debe ser notificado previamente al trabajador, explicarse los motivos y otorgar un tiempo para la defensa. Este criterio, que el Ejecutivo municipal ignoró, fundamentó el fallo del STJ. Pérez fustigó al gobierno local por su accionar que no solo «afectó el derecho a percibir de manera integral el salario de los empleados» y su derecho a defensa, sino que además generó un «perjuicio económico al municipio» al tener que devolver lo descontado con intereses y afrontar los costos del juicio y honorarios. «No es el intendente ni ninguno de sus asesores ni de sus funcionarios el que pone de su bolsillo. No lo piensan y priorizan la persecución a los trabajadores», concluyó el abogado, criticando la falta de responsabilidad en la gestión de fondos públicos.
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