Desalojos en calle Sarmiento: El Municipio avanza judicialmente, pero sin respuestas para las familias
Siete meses después de la última intimación, el intendente Francisco Azcué autorizó el inicio de acciones judiciales para desalojar las construcciones en calle Sarmiento. Sin embargo, el decreto municipal no ofrece información alguna sobre el destino de las familias que habitan el sector.
El gobierno municipal de Concordia, a través del Decreto Nº 510/2026, ha dado un paso firme hacia el desalojo de las construcciones que impiden la continuidad de calle Sarmiento, entre Italia y De Souza Reilly. La medida, publicada esta semana en el Boletín Oficial, faculta a la asesora legal de Obras Públicas, María Magdalena Ponti, para iniciar acciones judiciales y extrajudiciales con el fin de recuperar la traza.
Esta decisión llega tras un largo historial de intimaciones, que datan desde diciembre de 2019, con renovadas advertencias en 2025. En noviembre de ese año, el Municipio había publicado un edicto dando 48 horas a los ocupantes para liberar el espacio, argumentando que el terreno estaba en proceso de donación para vía pública. Pese a estas notificaciones, y a las inspecciones que constataron la permanencia de viviendas, las construcciones continúan en el lugar, lo que impulsó la actual avanzada.
La Asesoría Legal de la comuna sostiene que la Municipalidad tiene la potestad de actuar contra «construcciones irregulares ilegítimas, no autorizadas y clandestinas» en un espacio reservado para uso público. No obstante, un informe interno de la Dirección de Prevención y Seguridad ya había recomendado que cualquier desalojo fuera ordenado por la Justicia, sugiriendo medidas preliminares de constatación y el inicio de una acción civil para garantizar el debido proceso.
Lo que el decreto sí reconoce es la existencia de relevamientos sociales y notificaciones individualizadas a los vecinos, cuyos datos obran en el expediente entre las fojas 7 y 34. Esto confirma que el Municipio conoce la identidad y la situación de los grupos familiares involucrados. Sin embargo, el documento no reproduce esos nombres ni la cantidad total de familias afectadas.
La mayor preocupación radica en la omisión más evidente del decreto: no se especifica qué sucederá con las personas que actualmente viven en esos terrenos. El gobierno local detalla exhaustivamente los fundamentos legales para la recuperación de la calle, pero guarda silencio sobre la existencia de un plan de relocalización, asistencia social o soluciones habitacionales. Tampoco se menciona si entre los afectados hay adultos mayores o menores de edad, ni si se prevé la intervención de áreas clave como Desarrollo Humano o Emergencia Social, dejando en un limbo a quienes se verán directamente impactados por la decisión.
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