PAMI ausente en el Concejo mientras el Sanatorio Concordia expone una crisis que afecta a 15.000 afiliados
El Sanatorio Concordia presentó un informe lapidario de 50 páginas ante el Concejo Deliberante, detallando una profunda crisis financiera por el atraso de PAMI. La delegación local de la obra social, pese a ser convocada, optó por no asistir a la crucial reunión.
El Concejo Deliberante de Concordia fue escenario de una revelación cruda sobre la situación del Sanatorio Concordia, un conflicto que impacta directamente en la salud de miles de afiliados de PAMI. En una reunión convocada específicamente para abordar esta problemática, el Sanatorio presentó un informe exhaustivo de 50 páginas que no deja lugar a dudas sobre la gravedad de su estado financiero y las gestiones fallidas para sostener el convenio. Lo más alarmante fue la notoria ausencia de las autoridades de PAMI, quienes habían sido citadas para participar del encuentro, dejando una silla vacía frente a la crisis que se desarrollaba.
El documento, que reúne datos, antecedentes y un detallado cronograma de diez meses de reclamos, expone un atraso arancelario de PAMI que oscila entre el 125% y el 130%. Esta falta de actualización generó un déficit operativo mensual superior a los 200 millones de pesos para el Sanatorio, empujándolo a una búsqueda desesperada de financiamiento. La institución precisó que llegó a necesitar alrededor de 600 millones de pesos de descubierto, aunque las posibilidades de financiamiento que finalmente consiguió fueron inferiores. La situación escaló a tal punto que el Sanatorio evaluó la cesación de pagos y la posibilidad de un nuevo concurso preventivo, e incluso se vio obligado a abonar los salarios de sus trabajadores en cuotas.
Andrés Lemesoff, presidente del Sanatorio Concordia, explicó que el informe busca documentar el arduo recorrido y las múltiples alternativas planteadas para evitar la actual situación. Entre ellas, se destaca el «Plan Estratégico Sanatorio Concordia», presentado a PAMI en julio. Esta propuesta buscaba una recomposición del 60% en la cápita y el nomenclador, junto con otras medidas para asegurar la continuidad del servicio, pero fue rotundamente rechazada por PAMI. Incluso, las alternativas de esquema mixto capitado/prestacional sugeridas por la propia obra social arrojaban déficits mensuales que se ubicaban entre los $164 millones y los $54 millones, confirmando la insostenibilidad del sistema vigente y un mayor deterioro financiero debido a los tiempos de pago.
La crítica del Sanatorio no solo apunta a los aspectos económicos, sino también al funcionamiento de la UGL XXXIV de PAMI en Concordia. El informe detalla situaciones que, lejos de contribuir a una solución, profundizaron las diferencias, mencionando comunicaciones inadecuadas con afiliados, problemas de cartelería y un manejo cuestionable de la información y las auditorías. Como ejemplo de la presión ejercida, se señala la realización de cinco auditorías en un lapso de apenas diez días, lo que, lejos de mejorar la situación, generó mayor tensión y no contribuyó a encontrar una salida al conflicto.
El origen público del conflicto se remonta al comunicado interno de PAMI, que anunciaba que desde el 1° de septiembre el Sanatorio dejaría de prestar servicios de internación, dejando a unos 15.000 afiliados sin cápita asignada. Si bien el Sanatorio había comunicado la rescisión del convenio el 26 de junio, efectivo a partir de septiembre tras diez meses de reclamos, argumenta que PAMI tenía la potestad contractual de exigir la continuidad de las prestaciones hasta la reasignación de las cápitas. Esta interpretación sugiere que la decisión final de dejar a los afiliados sin cobertura recayó en la obra social, a pesar de las advertencias previas y la afirmación de no haber recibido una comunicación fehaciente sobre el fin efectivo del acuerdo.
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