Millonario Contrato de Residuos bajo la Lupa: Concejalas Justicialistas piden Auditoría al Tribunal de Cuentas
Las concejalas justicialistas Carolina Amiano y Claudia Villalba elevaron un pedido formal al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos para que investigue el polémico contrato del servicio de recolección de residuos con la empresa VITSA. La solicitud surge tras una denuncia penal que apunta a una posible defraudación contra la administración pública por un acuerdo que supera los 3.000 millones de pesos anuales.
Las concejalas justicialistas Carolina Amiano y Claudia Villalba han puesto el foco en la millonaria contratación del servicio de recolección de residuos en Concordia, solicitando la intervención del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. La presentación formal se realizó este jueves y busca una auditoría exhaustiva sobre el acuerdo con la empresa VITSA Soluciones Ambientales S.A., que representa una erogación de más de 3.000 millones de pesos anuales del erario municipal.
Este pedido no es aislado; surge tras la denuncia penal formulada por el abogado Mariano Giampaolo, quien instó a la Justicia a investigar una posible defraudación contra la administración pública. Las ediles argumentan que la magnitud económica del contrato y la información surgida en la causa judicial justifican plenamente que el organismo de control externo analice la legalidad de lo actuado y determine si existen riesgos o eventuales perjuicios para el patrimonio de todos los concordienses.
Amiano y Villalba fueron claras al sostener que la investigación judicial en curso no debería excluir, sino al contrario, impulsar la intervención de los mecanismos administrativos de control. En su escrito ante el Tribunal de Cuentas, pidieron que se evalúe de forma independiente la legalidad del procedimiento administrativo, la razonabilidad económica del contrato, la previsión y disponibilidad presupuestaria, y la solidez de los informes técnicos y jurídicos que respaldaron las decisiones tomadas.
El requerimiento incluye una auditoría integral del procedimiento para detectar cualquier tipo de irregularidad, ya sea administrativa, contable, presupuestaria o patrimonial. Las concejalas enfatizaron que la situación trasciende cualquier disputa política partidaria, pues se trata de recursos públicos y la prestación de un servicio esencial para la comunidad, cuya eficiencia y transparencia impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.
El planteo se enmarca en un escenario de crecientes cuestionamientos públicos sobre la forma en que se instrumentó esta contratación, con denuncias que refieren a supuestas irregularidades en los plazos administrativos y el volumen de fondos comprometidos. Las ediles urgieron al Tribunal de Cuentas a actuar con celeridad: «Concordia necesita saber si un servicio público esencial fue contratado conforme a derecho, con transparencia, con respaldo técnico suficiente y sin ocasionar perjuicios al patrimonio municipal», sentenciaron, reclamando claridad para la ciudad.
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