Concordia exige transparencia: El millonario contrato de residuos con VITSA, en la mira del Tribunal de Cuentas
Concejalas justicialistas solicitaron formalmente la intervención del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos para auditar el contrato de recolección de residuos con VITSA Soluciones Ambientales S.A. La medida surge tras una denuncia penal que investiga una posible defraudación contra la administración pública por este mismo acuerdo.
Las concejalas Carolina Amiano y Claudia Villalba, del bloque justicialista de Concordia, elevaron este jueves una nota formal al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. El objetivo es claro: exigir la intervención del organismo de control externo en el polémico contrato de concesión del servicio de recolección de residuos con la empresa VITSA Soluciones Ambientales S.A. Esta acción surge a raíz de la denuncia penal presentada previamente por el abogado Mariano Giampaolo, que puso en tela de juicio el acuerdo y solicitó a la Justicia investigar una posible defraudación contra la administración pública.
La preocupación principal de las ediles radica en la magnitud económica del contrato. Según detallaron en su escrito, el convenio con VITSA compromete más de 3.000 millones de pesos anuales de los recursos municipales, una cifra que, por sí misma, justifica un exhaustivo control. Amiano y Villalba argumentan que la información ya incorporada a la causa judicial, sumada al volumen de fondos en juego, obliga al Tribunal de Cuentas a analizar la legalidad de lo actuado y determinar si existen riesgos o perjuicios para el patrimonio de todos los concordienses.
Lejos de considerar que la investigación judicial excluye la acción administrativa, las concejalas sostienen que, por el contrario, la situación demanda medidas preventivas y un análisis exhaustivo. Solicitaron al Tribunal de Cuentas que evalúe de manera independiente la legalidad del procedimiento administrativo utilizado, la razonabilidad económica del contrato, la existencia de previsión y disponibilidad presupuestaria, y los informes técnicos y jurídicos que supuestamente respaldaron las decisiones adoptadas. Además, instaron al organismo a requerir toda la documentación vinculada y a llevar adelante una auditoría integral para detectar cualquier irregularidad administrativa, contable, presupuestaria o patrimonial.
Este planteo no es un hecho aislado. Se inscribe en un contexto de crecientes cuestionamientos públicos sobre la forma en que se instrumentó la contratación, con denuncias que apuntan a presuntas irregularidades en el procedimiento, los plazos administrativos y el enorme caudal de fondos comprometidos. Las concejalas enfatizan que la situación excede cualquier discusión meramente política, dado que involucra directamente recursos públicos y la prestación de un servicio esencial para la vida diaria de cada habitante de Concordia.
Ante la gravedad de la situación y la necesidad de despejar dudas, Amiano y Villalba reclamaron una rápida y contundente intervención del organismo de control. «El Tribunal de Cuentas debe actuar con celeridad», expresaron, destacando la urgencia. «Concordia necesita saber si un servicio público esencial fue contratado conforme a derecho, con transparencia, con respaldo técnico suficiente y sin ocasionar perjuicios al patrimonio municipal». El llamado es claro: la ciudadanía espera respuestas y garantías sobre el manejo de sus recursos.
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