Millonario Contrato de Residuos bajo la Lupa: Concejalas Piden Intervención del Tribunal de Cuentas
Las concejalas justicialistas de Concordia solicitaron formalmente la intervención del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos para auditar el polémico contrato del servicio de recolección de residuos con la empresa VITSA Soluciones Ambientales S.A. Esta medida surge tras una denuncia penal que apunta a una posible defraudación contra la administración pública, poniendo en jaque una inversión anual que supera los 3.000 millones de pesos de las arcas municipales.
El pedido de intervención de Carolina Amiano y Claudia Villalba ante el organismo de control provincial no es un hecho aislado, sino la respuesta directa a la creciente ola de cuestionamientos sobre el servicio de recolección de residuos en Concordia. La presentación se concretó luego de que tomara estado público la denuncia penal impulsada por el abogado Mariano Giampaolo, quien alertó sobre una posible defraudación a la administración pública en el marco del contrato que une a la Municipalidad con la empresa VITSA Soluciones Ambientales S.A.
Según remarcaron las ediles justicialistas, la información que ya integra la causa judicial y, sobre todo, la magnitud económica del acuerdo, que representa una erogación de más de 3.000 millones de pesos anuales de fondos municipales, justifican la acción de control externo. Insistieron en que la existencia de una investigación en los tribunales no exime, sino que exige, la intervención de los mecanismos administrativos para garantizar la legalidad y proteger el patrimonio público de eventuales perjuicios, adoptando medidas preventivas.
En el detallado escrito presentado, las concejalas solicitaron al Tribunal de Cuentas que evalúe de forma independiente aspectos cruciales. Entre ellos, se destacan la legalidad del procedimiento administrativo empleado para la contratación, la razonabilidad económica de las condiciones del contrato, la previsión y disponibilidad presupuestaria al momento de su firma y la calidad de los informes técnicos y jurídicos que supuestamente lo respaldaron. Además, exigieron que el organismo acceda a toda la documentación del expediente y realice una auditoría integral para detectar posibles irregularidades administrativas, contables, presupuestarias o patrimoniales.
Este planteo se inscribe en un escenario de fuerte debate público, donde se multiplican las voces que señalan presuntas inconsistencias en la forma en que se instrumentó el acuerdo con VITSA, desde los plazos administrativos hasta el volumen de recursos comprometidos. Las propias ediles subrayaron que la situación supera cualquier disputa política, dado que afecta directamente los recursos de todos los concordienses y la calidad de un servicio tan vital para el funcionamiento de la ciudad.
Finalmente, Amiano y Villalba fueron contundentes en su reclamo por una intervención ágil y decidida del Tribunal de Cuentas. «Concordia necesita saber si un servicio público esencial fue contratado conforme a derecho, con transparencia, con respaldo técnico suficiente y sin ocasionar perjuicios al patrimonio municipal», enfatizaron, buscando despejar de forma urgente las sombras que pesan sobre uno de los contratos más onerosos de la gestión local.
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