Las grietas se profundizan en el gobierno de Azcué: entre renuncias, denuncias por VITSA y la concentración de poder
La salida del Secretario de Gobierno Luciano Dell’Olio expone las profundas tensiones en la gestión municipal, que busca justificaciones en «motivos personales». Mientras tanto, una denuncia judicial por la privatización de residuos apunta directamente a los principales funcionarios, revelando supuestas irregularidades graves.
La renuncia de Luciano Dell’Olio a la Secretaría de Gobierno sacude al municipio de Concordia, aunque la versión oficial intente minimizar el impacto con la clásica fórmula de «motivos de índole personal» y una «reorganización administrativa». Sin embargo, la insistencia del intendente Francisco Azcué en remarcar «respeto, diálogo y coincidencia política» en la despedida de un funcionario clave, que fue concejal y pilar en su ascenso político, genera más interrogantes que certezas. Dell’Olio, lejos de ser un técnico de paso, representaba una de las pocas voces con capacidad conciliadora dentro de la gestión, lo que hace su salida aún más significativa.
El telón de fondo de esta partida es la polémica contratación de VITSA Soluciones Ambientales para la recolección de residuos, una de las decisiones más cuestionadas del gobierno de Azcué. La «emergencia ambiental» declarada en marzo, tratada y aprobada sobre tablas en el Concejo Deliberante con los votos oficialistas y libertarios, derivó en una contratación directa por 3000 millones de pesos anuales. Lo alarmante es que la empresa, sin habilitación para operar ni pago de tasas comerciales, ya tenía sus camiones en la ciudad la noche anterior a la votación en el Concejo, como lo demuestran videos que circulan, sugiriendo una contratación predeterminada.
Esta secuencia de hechos motivó una denuncia penal del abogado Mariano Giampaolo, que pide investigar una posible predeterminación de la contratación, una simulación administrativa y un eventual perjuicio patrimonial para las arcas municipales. La presentación judicial es explícita: señala directamente al intendente Francisco Azcué, al secretario de Hacienda Pablo Ferreyra, al ex secretario de Gobierno Luciano Dell’Olio, al ex secretario de Servicios Públicos Alejandro López, al subsecretario Roberto Ramírez y a otros funcionarios y concejales oficialistas. La gravedad de la acusación pone en jaque la transparencia de los primeros pasos de la administración.
En este escenario de fisuras y acusaciones, la figura del secretario de Hacienda, Pablo Ferreyra, emerge con una gravitación creciente. Señalado por distintas fuentes como uno de los hombres de mayor influencia en las decisiones estratégicas, su poder excede lo meramente numérico. Ferreyra habría llegado de la mano de un gran aportante de campaña, un empresario con vínculos cercanos al gobernador Rogelio Frigerio, y se le atribuye haber acercado a la consultora Sociedad y Territorio, ideóloga de la privatización de residuos y con más concesiones en carpeta. Su ascenso, junto a su postura intransigente ante los despidos (impulsando una lista de 150 empleados «prescindibles» frente a un Dell’Olio más negociador), ha redefinido los equilibrios internos.
La salida de Dell’Olio no es un hecho aislado; antes lo hicieron el ex Secretario de Servicios Públicos Alejandro López y el Subsecretario de Gobierno Lucas Fuscado. Todos ellos compartían el mismo espacio político que acompañó a Azcué desde sus inicios, liderado por el diputado provincial Marcelo «Mono» López. Este desplazamiento de dirigentes que conformaban el núcleo político original, sumado a las tensiones por la posibilidad de nuevas olas de despidos, pinta un cuadro de inestabilidad interna y una preocupante concentración de poder. La justicia deberá determinar la veracidad de las graves acusaciones, mientras el gobierno de Azcué enfrenta sus primeros grandes desafíos y cuestionamientos públicos.
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