Doble vara en el Gabinete de Azcué: Mientras una funcionaria deberá suspender su jubilación, otro la sigue cobrando
Una reciente designación en el gabinete municipal de Concordia ha puesto en evidencia una llamativa contradicción en la política de cobro de haberes para sus funcionarios. La nueva secretaria de Gobierno, Patricia Rodríguez, no percibirá su sueldo hasta que suspenda su jubilación, un requisito que no aplica para otros miembros del gabinete.
La Municipalidad de Concordia, bajo la gestión del intendente Francisco Azcué, ha oficializado la designación de Patricia Rodríguez como secretaria de Gobierno, un nombramiento que no pasó desapercibido. El Decreto N° 624/2026, firmado por Azcué y el secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda, Pablo Sebastián Ferreyra, establece una condición singular para la flamante funcionaria: no podrá cobrar el sueldo correspondiente a su cargo hasta que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) suspenda su beneficio jubilatorio.
Esta disposición, que entró en vigencia a partir del 13 de julio y que oficializa a Rodríguez en reemplazo del renunciante Luciano Dell’Olio, genera interrogantes. El texto es explícito al indicar que la secretaria ejercerá “sin liquidación de haberes inherentes al cargo, hasta tanto la ANSES resuelva favorablemente la suspensión del pago de los haberes jubilatorios”. Un punto que resalta por su novedad y por la implicancia que tiene sobre la percepción de ingresos públicos.
La particularidad de este decreto cobra mayor relevancia al contrastarse con la situación de Roberto Niez, actual subsecretario de Desarrollo Productivo de la misma gestión. Según los registros de la ANSES, Niez continúa percibiendo su jubilación nacional mientras desempeña funciones en el Ejecutivo municipal, sin que su decreto de designación original contuviera una cláusula similar a la impuesta a Rodríguez. Esta asimetría plantea una clara situación de doble vara dentro del gabinete local.
Hasta el momento, la gestión de Azcué no había incorporado este tipo de exigencia en las designaciones de funcionarios que ya eran jubilados. La medida aplicada a Patricia Rodríguez deja abierta la pregunta sobre si se trata de una decisión puntual y aislada para este caso específico, o si el gobierno municipal pretende establecer un nuevo criterio general para futuros nombramientos de personal en condición de jubilado.
La ausencia de un criterio unificado y transparente en un tema tan sensible como la percepción de haberes públicos alimenta el debate ciudadano sobre la equidad y la gestión de los recursos. Mientras miles de jubilados en el país luchan por llegar a fin de mes con magros ingresos, la percepción simultánea de un sueldo de funcionario y un beneficio previsional por parte de algunos, frente a la restricción impuesta a otros, es una muestra de inconsistencias que la ciudadanía espera que sean aclaradas por las autoridades locales.
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