Granja Tres Arroyos: Entre la incertidumbre de 255 despidos y la pasividad provincial
La ola de despidos masivos en Granja Tres Arroyos en Concordia profundiza la crisis para cientos de familias trabajadoras, mientras se denuncia la estrategia empresarial de achique para una eventual reapertura. La situación pone bajo la lupa la inacción del gobierno provincial, duramente cuestionado por su rol en la gestión del conflicto.
La ciudad de Concordia se vio sacudida por una nueva oleada de despidos en Granja Tres Arroyos, donde 255 trabajadores del Sindicato de la Alimentación recibieron telegramas el último fin de semana. Sergio Vereda, secretario general del Sindicato de la Carne, expresó a DIARIOJUNIO la «sorpresa» por la magnitud de las desvinculaciones, aunque reconoció que la empresa ya había anticipado un «achique» como condición ineludible para una posible reapertura. Este patrón, según Vereda, no es nuevo: «Cuando van a concursar hacen el trabajo sucio de despedir la gente. Es la avivada del empresario argentino y la ley, en esto, a nosotros no nos ampara».
La situación es dramática para las familias afectadas, a quienes la empresa adeuda tres meses de sueldo y medio aguinaldo, sin certeza sobre el pago de indemnizaciones, especialmente si la firma entra en concurso de acreedores. La angustia es palpable: Vereda reportó el fallecimiento de uno de los compañeros de Alimentación tras recibir el telegrama de despido, describiendo el panorama como «muy caótico» y las asambleas como «muy difíciles». La estrategia de Granja Tres Arroyos parece clara: reducir drásticamente el pasivo laboral para hacer la estructura más atractiva a inversores o vender activos, una táctica que, como siempre, termina pagando el trabajador.
En este escenario de crisis, las miradas críticas apuntan directamente al Gobierno provincial. El concejal uruguayense Juan Martín Garay calificó los despidos como «una triste noticia» y cuestionó duramente el rol de la Provincia. Días antes de los telegramas, el gobernador Rogelio Frigerio había mantenido una reunión con Joaquín De Grazia, presidente de GTA, presentada como una gestión para preservar empleos. Garay exige saber qué se charló y a qué acuerdos se arribó, lamentando que la Provincia no haya jugado un rol más decisivo «poniéndose al frente de la resolución del conflicto como antiguamente lo hacían los gobernadores», citando como ejemplo al exmandatario Jorge Busti. Incluso sugirió que el Banco Entre Ríos (BERSA) podría haber gestionado ayuda financiera, pero «no se hizo».
Mientras el gobierno provincial argumenta que el problema de GTA es de índole nacional, afectando a ocho plantas y una en Montevideo, Garay sitúa la génesis del conflicto en la sanción de la Ley Bases en junio de 2024, que, a su entender, «empieza un concurso preventivo que se prolonga con despidos y achiques». A pesar de la esperanza de una reapertura de la planta La China –donde «arrancó Tres Arroyos»– la realidad se impone. Vereda descartó que otros frigoríficos de la ciudad puedan absorber a los 255 despedidos, no solo por falta de demanda sino por el avance imparable de la tecnología que, como el Grupo Motta en Racedo, permite producir la misma cantidad con un 10% del personal.
Así, la «desesperación es cada vez más grande» para los casi mil empleados a quienes se les adeuda salarios, con la certeza de que la empresa «fue la que cerró las puertas» mientras los trabajadores «siempre estuvieron a disposición». La comunidad de Concordia observa con preocupación cómo se desmantela una de sus principales fuentes de empleo, mientras se reclama una intervención más activa y efectiva por parte de las autoridades provinciales ante un drama que trasciende lo económico para convertirse en una herida social profunda.
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