Granja Tres Arroyos Desafía Conciliación Obligatoria: Cientos de Familias en Vilo
A pesar de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, Granja Tres Arroyos mantiene sus puertas cerradas, impidiendo la reincorporación de los trabajadores despedidos. Los empleados, que denuncian un ‘incumplimiento formal’, se preparan para una nueva audiencia clave en Paraná mientras evalúan medidas de protesta.
La situación en Granja Tres Arroyos se agrava a cada día que pasa, sumando incertidumbre a cientos de hogares de Concordia. Pese a la orden de la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos de aplicar la conciliación obligatoria y restablecer las tareas habituales por 15 días hábiles, la planta de la avícola permanece cerrada, ignorando la directriz oficial y dejando a sus exempleados en la calle.
Los trabajadores despedidos se presentaron en el establecimiento para cumplir con la medida, pero la empresa les negó el ingreso y el diálogo con sus autoridades. Según sus propias denuncias, solo fueron recibidos por personal policial, a quienes debieron entregar un petitorio, lo que convierte la conciliación obligatoria en una mera ‘formalidad’ sin efecto práctico alguno para la parte patronal.
Ante este desacato, el conflicto se traslada a Paraná, donde se espera una nueva audiencia de conciliación para este jueves 20 de agosto. Previo al encuentro, los trabajadores, junto a su gremio, realizarán una asamblea para definir los próximos planteos y las acciones a seguir, sin descartar medidas de fuerza más contundentes, como cortes de ruta, ante la desesperación que crece por la falta de avances.
La pérdida del empleo ha forzado a estas familias a una drástica modificación de sus condiciones de vida. Muchos han debido abandonar viviendas alquiladas para mudarse con parientes, mientras la dificultad para cubrir gastos básicos como alimentación, alquiler y servicios esenciales se vuelve insostenible. Aunque valoran la entrega de bolsones de comida por parte del Municipio, remarcan que esta asistencia es insuficiente para paliar la compleja realidad económica.
A este panorama se suma la crítica demora en el acceso al subsidio provincial prometido a los afectados, con solo unas 80 personas, de las más de 700 damnificadas, que habrían logrado cobrarlo. La preocupación se extiende también a la dificultad de conseguir nuevas oportunidades laborales, especialmente para aquellos con décadas de antigüedad en la empresa, quienes ven cómo el conflicto trasciende la mera pérdida de un puesto para impactar directamente en su futuro y dignidad.
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