Concordia: Concejalas piden al Tribunal de Cuentas investigar el millonario contrato de residuos
Las ediles Carolina Amiano y Claudia Villalba solicitaron la intervención del organismo de control provincial por la contratación de VITSA Soluciones Ambientales S.A. Esta medida surge a raíz de una denuncia penal que apunta a posibles delitos de defraudación contra la administración pública.
El contrato para la recolección de residuos en Concordia, que anualmente compromete más de 3.000 millones de pesos de las arcas municipales, vuelve a estar bajo la lupa. Las concejalas justicialistas Carolina Amiano y Claudia Villalba formalizaron este jueves un pedido al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos para que intervenga de manera urgente en la polémica contratación con la empresa VITSA Soluciones Ambientales S.A. La solicitud de las ediles no es aislada, sino que responde a la denuncia penal presentada la semana pasada por el abogado Mariano Giampaolo, quien alertó a la Justicia sobre la posible comisión del delito de defraudación contra la administración pública.
La magnitud económica del convenio, que supera los tres mil millones de pesos anuales, es uno de los principales focos de preocupación. Amiano y Villalba recordaron que el bloque justicialista ya había solicitado informes y acceso a la información pública sobre la contratación directa de VITSA, realizada tras declararse la emergencia ambiental, pero que estas peticiones nunca obtuvieron respuesta por parte del Ejecutivo local.
Ante este escenario, las concejalas remarcaron la imperiosa necesidad de que el Tribunal de Cuentas, como órgano de control externo de la hacienda pública, actúe de inmediato. Argumentan que la existencia de una investigación judicial no exime, sino que por el contrario, refuerza la urgencia de que los mecanismos administrativos de control funcionen, adoptando medidas preventivas para salvaguardar el patrimonio público.
El exhaustivo pedido elevado al organismo incluye que se evalúe de forma independiente la legalidad del procedimiento administrativo, la razonabilidad económica del contrato y la previsión presupuestaria. Asimismo, se solicita que se analicen los informes técnicos y jurídicos que sirvieron de base para las decisiones adoptadas y se determine el impacto patrimonial que esta contratación implica para el municipio.
Amiano y Villalba insistieron en que la situación trasciende cualquier discusión política, dado que afecta directamente recursos públicos y la prestación de un servicio esencial para la ciudadanía. Por ello, exigieron al Tribunal de Cuentas que requiera toda la documentación vinculada al expediente, audite el procedimiento y esclarezca si existieron irregularidades administrativas, contables, presupuestarias o patrimoniales. ‘Concordia necesita saber si un servicio público esencial fue contratado conforme a derecho, con transparencia, con respaldo técnico suficiente y sin ocasionar perjuicios al patrimonio municipal’, sentenciaron las ediles, reflejando el sentir de una comunidad que demanda respuestas claras.
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