Concordia en el ojo de la tormenta: Negocios inmobiliarios de imputados se vinculan a millonaria defraudación provincial
La investigación por contratos irregulares en el Senado provincial, conocida como Contratos Truchos, podría sumar a su expediente pruebas sobre operaciones inmobiliarias realizadas en Concordia. Los fiscales buscan demostrar el destino de fondos presuntamente sustraídos al Estado y la conexión entre imputados.
Los ecos de la megacausa «Contratos Truchos», que investiga una presunta defraudación al Estado provincial estimada en 53 millones de dólares, resuenan con fuerza en Concordia. La Fiscalía ha solicitado incorporar al expediente principal una investigación iniciada este año en nuestra ciudad, centrada en sospechosas operaciones inmobiliarias que, según los fiscales, podrían desentrañar la red de relaciones y el destino final de los millonarios fondos supuestamente desviados del erario público.
La documentación que se pretende anexar es vasta y detallada: incluye escrituras, registros notariales, información fiscal y testimonios clave. Estos elementos se vinculan a la compraventa de terrenos realizada entre 2009 y 2015 por Hugo Mena y Flavia Beckman, ambos ya imputados en la causa principal. La intención de los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro es establecer un puente irrefutable entre estos negocios en Concordia y el esquema de contrataciones legislativas irregulares que operó entre 2008 y 2018.
La propuesta de la Fiscalía no solo apunta a documentos, sino también a un listado de posibles testigos que darían cuenta de estas transacciones inmobiliarias. Entre ellos, figura el nombre del exgobernador Gustavo Bordet, lo que eleva el perfil político de la investigación. A él se suman otros compradores de inmuebles y las escribanas Luján Orabona y María Dolores Mouliá, cuyos testimonios y registros catastrales y registrales serían fundamentales para comprender la trama.
La movida de la Fiscalía no pasó desapercibida y generó una fuerte resistencia por parte de las defensas de los imputados. Los abogados Leopoldo Lambruschini, José Velázquez y Miguel Cullen se opusieron firmemente a la incorporación de esta nueva prueba. Argumentan que la investigación de Concordia no guarda relación directa con el objeto procesal de la causa «Contratos Truchos», que algunos de los hechos podrían ser competencia de la Justicia Federal y, un dato no menor, que el expediente concordiense había sido archivado previamente.
En un contexto judicial de alta tensión, la jueza Marina Barbagelata tiene la responsabilidad de resolver en los próximos días si admite o no esta crucial incorporación de pruebas al proceso de elevación a juicio. La decisión tendrá un impacto significativo en el desarrollo de la megacausa, que busca desentrañar una de las mayores presuntas defraudaciones al Estado entrerriano. Además, en un giro menos publicitado, la Fiscalía de Estado decidió desistir de su pedido de una nueva pericia contable a cargo del Tribunal de Cuentas, un detalle que no debería pasar desapercibido en el análisis general de la causa.
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