Crisis en PAMI Concordia: Advierten que 15 mil afiliados corren riesgo de quedarse sin cobertura
La situación de PAMI en Concordia es crítica, con prestadores de salud al borde de rescindir convenios y servicios ya restringidos desde mayo. Legisladores justicialistas de Entre Ríos presentaron un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados para urgir la intervención nacional y proteger el derecho a la salud de los jubilados.
La atención médica para miles de jubilados y pensionados de Concordia pende de un hilo. El conflicto entre PAMI y los prestadores de salud de la ciudad ha escalado, llevando al Sanatorio Concordia a anunciar que podría rescindir su convenio a partir del 1° de septiembre, lo que dejaría a unos 15.000 afiliados locales y a un número importante de la región en la incertidumbre sobre su cobertura.
Frente a este escenario alarmante, un grupo de legisladores del bloque justicialista, encabezado por la diputada Silvia Mariel Ávila y acompañado por Lorena Arrozogaray, Andrea Zoff, Enrique Cresto, Silvina Soledad Deccó y Yari Demian Seyler, presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados de Entre Ríos. La iniciativa busca visibilizar la grave crisis y exhortar a las autoridades nacionales a tomar medidas urgentes que garanticen la continuidad de las prestaciones sanitarias.
La presentación de los diputados surgió a partir de una nota elevada por la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Plaza 25 de Mayo de Concordia, quienes expresaron la angustia de los beneficiarios. Además, los legisladores recordaron haber mantenido reuniones con la Unidad de Gestión Local XXXIV de PAMI, donde ya se habían expuesto las dificultades en el acceso a diversos servicios.
El núcleo del problema radica en el atraso en la actualización de los valores arancelarios que PAMI abona a los prestadores, lo que ha generado un desequilibrio económico insostenible para instituciones como el Sanatorio Concordia. Esta situación no solo amenaza con futuras interrupciones, sino que ya se traduce en restricciones concretas desde mayo, afectando consultas con especialistas, cirugías programadas y determinadas atenciones de guardia.
Si el principal prestador privado de la ciudad concreta su salida del sistema, la derivación masiva de pacientes podría desbordar el sistema público de salud provincial, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de los hospitales y comprometiendo aún más la atención. Los diputados enfatizan que el derecho a la salud es de jerarquía constitucional y está protegido por tratados internacionales, como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Por ello, el proyecto de declaración es un llamado contundente a las autoridades nacionales competentes para que asuman su responsabilidad, adopten las medidas necesarias que garanticen la continuidad de las prestaciones, impulsen negociaciones efectivas con los prestadores y aseguren que las personas mayores de Concordia y la región no vean vulnerado su acceso efectivo a la salud, un derecho fundamental e irrenunciable.
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