Fallo del STJER no borra las sombras: la millonaria contratación de VITSA sigue bajo investigación
La Municipalidad celebró el rechazo del Superior Tribunal a una impugnación de la licitación de residuos. Sin embargo, la justicia penal y el Tribunal de Cuentas siguen investigando el controvertido desembarco de VITSA en Concordia.
El reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, presentado por el municipio como un aval a la legalidad del servicio de recolección, dista mucho de cerrar el capítulo VITSA. La resolución del máximo tribunal entrerriano solo abordó aspectos formales de la Licitación Pública Nº 47/2026, dejando intactas las profundas preguntas sobre cómo la empresa desembarcó en la ciudad y por qué el servicio cuesta $250 millones mensuales.
El origen de la relación con VITSA es el verdadero nudo de la cuestión. Fue en marzo, mediante una «Emergencia Ambiental» aprobada de forma exprés por el Concejo Deliberante, que se habilitó una contratación directa por $250 millones mensuales. Los cuestionamientos surgieron de inmediato: camiones de la empresa ya operaban en Concordia antes de la aprobación de la ordenanza, sembrando dudas sobre una posible predeterminación y la transparencia del proceso, tratado «sobre tablas» sin análisis previo en comisión.
Esta secuencia irregular no tardó en llegar a los estrados judiciales. El 12 de junio, el abogado y exconcejal Mariano Giampaolo presentó una denuncia penal que exige investigar a fondo el procedimiento. La Justicia debe determinar si hubo delitos contra la administración pública, analizando la posible predeterminación de la contratación, la validez de los informes técnicos y el eventual perjuicio patrimonial para las arcas municipales, así como la responsabilidad de funcionarios y representantes de la empresa.
Paralelamente, el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos abrió su propia investigación, instado por las concejalas Carolina Amiano y Claudia Villalba. El organismo no dio por cerrado el tema, sino que el 28 de agosto requirió al Ejecutivo municipal una montaña de documentos: expedientes completos de la contratación, los decretos Nº 245/26 y 246/26, el contrato y sus anexos, garantías, habilitaciones, informes técnicos y jurídicos, y toda la documentación vinculada. Su objetivo es claro: reconstruir no solo cómo se contrató, sino también por qué se fijaron $250 millones como un precio «razonable» y cuánto se certificó y pagó efectivamente.
La licitación pública posterior, la Nº 47/2026, tampoco estuvo exenta de críticas y culminó con la adjudicación a la misma empresa, VITSA, por un presupuesto de $16.320 millones para cuatro años, con ofertas que rondaron los $268 millones mensuales. Aunque la Municipalidad celebre un fallo que valida la licitación, los verdaderos interrogantes sobre la emergencia, la contratación directa, la razonabilidad de los precios y el destino de millones de pesos de los concordienses siguen resonando sin respuestas claras en los tribunales y organismos de control.
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