La Justicia pone lupa en los comedores: ¿Ultraprocesados y desinformación en las escuelas entrerrianas?
La Justicia entrerriana convocó a las familias afectadas por el nuevo esquema de alimentación escolar, una decisión celebrada por la abogada María de los Ángeles Petit. La letrada puso el foco en la calidad de los alimentos ultraprocesados, la falta de información formal a las instituciones y la vulneración del interés superior de los niños.
La Justicia entrerriana ha puesto el ojo en el polémico esquema de desayunos y meriendas escolares, convocando a las familias que se ven directamente afectadas por su implementación. Esta resolución fue celebrada por la abogada María de los Ángeles Petit, quien la calificó como una «buena noticia» por, finalmente, «poner la mirada en los chicos», los verdaderos perjudicados por un sistema que, a su entender, «está violando el interés superior del niño».
El principal cuestionamiento de Petit, quien asesora a directivos de Concordia y promueve la participación en el amparo colectivo, apunta a la calidad de los alimentos y la alarmante falta de formalidad en la comunicación. Según explicó, las escuelas no recibieron ninguna resolución o disposición administrativa que respalde el nuevo esquema; la información sobre los productos y su fraccionamiento fue transmitida de manera informal por nutricionistas de la empresa Teknofood. «No se puede reemplazar la comida de verdad por ultraprocesados, como galletitas o un budín que los docentes tienen que cortar en ocho pedazos exactos. ¿A quién se le ocurre que con eso se cubre el desarrollo y el crecimiento de un chico?», arremetió la abogada, evidenciando una desconexión total con la realidad de los alumnos.
Esta ausencia de instrucciones formales genera un caos operativo y legal en las instituciones, dejando a directivos y docentes en una situación de extrema vulnerabilidad. ¿Cómo deben recibir, almacenar y distribuir estos productos sin un marco normativo claro? Directivos de escuelas de Concordia ya han elevado sus inquietudes a la Departamental de Escuelas y al Consejo General de Educación sin obtener respuesta formal, recibiendo solo «charlas informales». Petit denuncia una clara falta de coordinación entre la Dirección de Comedores, responsable de la provisión, y el Consejo General de Educación, que exige a sus docentes asumir tareas sin respaldo. «Quienes diseñaron esto evidentemente no pisan una escuela ni conocen la realidad de los barrios», sentenció, recordando que para muchos chicos, el desayuno o merienda escolar es, a menudo, la única comida sustanciosa del día.
A esta precaria situación se suman las «cifras millonarias» que se le pagan a Teknofood y las posibles irregularidades administrativas que, según Petit, «indignan a cualquiera». Sin embargo, la abogada enfatiza que la discusión no puede quedar reducida únicamente al aspecto económico, ya que el riesgo mayor es la vulneración de los derechos de los niños. Por ello, y tras la convocatoria judicial, María de los Ángeles Petit lanzó una campaña en redes sociales bajo el lema «¡Juntos somos más!», invitando a las familias afectadas a sumarse al amparo colectivo contra el Estado provincial y Teknofood. El objetivo es que las experiencias de los padres sean escuchadas por la Justicia, trascendiendo la cuestión contractual para poner en el centro qué reciben los chicos y en qué condiciones.
Finalmente, la abogada no dudó en cuestionar el criterio político detrás de esta medida, que responde a «una idea de que el Estado debe retirarse y recortar el gasto público como sea». Para Petit, este camino compromete «el futuro de toda una generación», dejando entrever que las decisiones tomadas hoy tendrán un impacto profundo y duradero en la salud y el desarrollo de los niños entrerrianos. La pelota, ahora, está en el campo de la Justicia y en la capacidad de organización de las familias para defender los derechos de los más vulnerables.
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