La Licitación Millonaria de la Basura en Concordia: ¿Un Traje a Medida?
La licitación para la recolección de residuos en Concordia, con un presupuesto de $16.320 millones, está bajo la lupa de la oposición. La concejal Carolina Amiano advierte que el pliego de condiciones genera un escenario que favorece de manera objetiva a VITSA Soluciones Ambientales S.A., la empresa que ya presta el servicio de forma transitoria.
La millonaria licitación con la que la Municipalidad de Concordia busca adjudicar el vital servicio de recolección de residuos sólidos urbanos vuelve a sumergirse en la polémica, incluso antes de conocerse las ofertas. Tras un exhaustivo análisis del pliego de la Licitación Pública Nº 47/2026, la concejal Carolina Amiano, presidenta del bloque justicialista, ha manifestado profundas objeciones. Según Amiano, la combinación de plazos, exigencias técnicas, antecedentes requeridos y criterios de evaluación crea un escenario que restringe la competencia efectiva, colocando a VITSA Soluciones Ambientales S.A. en una posición de ventaja inalcanzable para cualquier otro posible oferente.
Este llamado a licitación no es un hecho aislado. Llega después de meses de controversias, que incluyeron la declaración de emergencia ambiental por parte del Municipio y la posterior adjudicación directa de parte del servicio a VITSA. Aquella decisión fue fuertemente cuestionada políticamente, denunciada ante la Justicia y llevada al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. Ahora, este esquema transitorio busca transformarse en una contratación de largo plazo mediante un proceso licitatorio que, para la oposición, lejos de disipar las dudas, las alimenta. Amiano aclara: «No afirmamos que exista una maniobra ilegal ni anticipamos responsabilidades que deberá determinar la Justicia. Lo que advertimos es que, cuando se analiza el pliego en su conjunto, aparecen condiciones que favorecen objetivamente a quien ya viene prestando el servicio».
Una de las ventajas más contundentes que señala la concejal es el conocimiento adquirido por VITSA durante su período de contratación directa. Al operar el servicio, la empresa obtuvo información vital sobre recorridos, tiempos de trabajo, consumo de combustible, organización de circuitos, cantidad de residuos por zona y costos operativos reales. Este conocimiento detallado, insiste Amiano, es un activo invaluable que cualquier competidor tardaría meses en reconstruir. «Quien ya está trabajando conoce exactamente cómo funciona el sistema. El resto deberá hacer estimaciones. El pliego debería compensar esa diferencia para garantizar igualdad de condiciones, pero termina profundizándola», enfatizó, cuestionando si la licitación es verdaderamente abierta.
El sistema de evaluación de ofertas es otro de los puntos más controvertidos. En una licitación de esta magnitud, se esperaría que el precio tenga un peso preponderante. Sin embargo, en este caso, la propuesta económica representa apenas el 40% del puntaje total, mientras que el 60% restante depende de factores técnicos y operativos. Esto significa que una empresa podría presentar una oferta considerablemente más costosa para el municipio y aun así resultar adjudicataria si obtiene una mejor calificación técnica. Amiano detalla cómo criterios como la antigüedad promedio de la flota (máximo puntaje para vehículos de hasta dos años y cero puntos para más de cinco) o la disponibilidad de camiones de reserva (puntaje máximo por dos unidades adicionales) parecen diseñados para limitar la competencia, permitiendo que «diferencias relativamente pequeñas en esos aspectos podrían terminar compensando ofertas económicas considerablemente más convenientes para el municipio».
Se trata de uno de los contratos más importantes de la actual gestión, con un presupuesto oficial de $16.320 millones para un período inicial de cuatro años, prorrogable por otro tanto, comprometiendo recursos públicos durante hasta ocho años. Esto representa un promedio de $340 millones mensuales, con actualizaciones trimestrales. Por la magnitud de la cifra y la esencialidad del servicio, Amiano sostiene que el procedimiento debería ofrecer las máximas garantías de publicidad, transparencia y concurrencia. «Cuanto mayor es el monto, mayor debe ser también el nivel de control», concluyó, subrayando que la discusión de fondo no es quién gane, sino si todos los interesados tienen realmente las mismas posibilidades de competir o si el proceso consolida una ventaja obtenida antes de que la licitación existiera.
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