Millonaria Licitación de Basura: La Oposición Alerta Sobre un Posible Ganador Preestablecido
La concejal Carolina Amiano ha puesto bajo la lupa el pliego de la licitación para la recolección de residuos de Concordia, advirtiendo que las condiciones favorecen objetivamente a la empresa VITSA Soluciones Ambientales S.A. Este contrato, que asciende a 16.320 millones de pesos, levanta dudas sobre la transparencia y la verdadera competencia en un servicio esencial para la ciudad.
La Licitación Pública Nº 47/2026, con la que la Municipalidad de Concordia busca adjudicar el fundamental servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, se encuentra ya en el ojo de la tormenta. Antes incluso de que se presenten las ofertas, la concejal justicialista Carolina Amiano ha denunciado que el pliego de condiciones parece estar confeccionado para garantizar la victoria de una empresa: VITSA Soluciones Ambientales S.A., que ya prestó parte del servicio de forma provisoria.
Esta licitación no puede entenderse como un hecho aislado. Llega tras meses de controversias que incluyeron la declaración de emergencia ambiental, la adjudicación directa de parte del servicio a VITSA —una decisión cuestionada políticamente, denunciada ante la Justicia y llevada al Tribunal de Cuentas—, y ahora, este intento de transformar aquel esquema transitorio en un contrato de largo plazo. Para la oposición, lejos de disipar las sospechas, este nuevo proceso termina alimentándolas, sugiriendo que el procedimiento podría estar preparado para consolidar la posición de quien ya fue beneficiado con la contratación directa.
El principal argumento de Amiano radica en la ventaja innegable que VITSA ha adquirido al operar previamente en la ciudad. Durante los últimos meses, la empresa no solo ejecutó parte del servicio, sino que obtuvo un conocimiento invaluable: recorridos, tiempos de trabajo, consumo de combustible, organización de circuitos, cantidad de residuos por zona y costos operativos. Este activo, vital para cualquier proceso licitatorio, no solo no se compensa en el pliego, sino que las condiciones diseñadas terminan profundizando la desigualdad entre los oferentes, dificultando una competencia real.
La magnitud del contrato refuerza la exigencia de transparencia. Con un presupuesto oficial de $16.320 millones para un período inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, la empresa adjudicataria podría gestionar recursos públicos por hasta ocho años, a un promedio de 340 millones de pesos mensuales. Para la concejal, un monto de esta envergadura demanda las máximas garantías de publicidad, transparencia y concurrencia, y un nivel de control acorde a la importancia de la decisión que comprometerá los fondos de la ciudadanía.
Uno de los cuestionamientos centrales se dirige al sistema de evaluación de las ofertas. Sorprendentemente, la propuesta económica representa apenas el 40% del puntaje total, dejando el 60% restante a factores técnicos y operativos. Esto implica que una oferta más costosa podría prevalecer si obtiene una mejor calificación técnica, distribuida en ítems como la antigüedad de la flota de camiones (máximo puntaje para vehículos de hasta dos años), la disponibilidad de unidades adicionales, la experiencia previa y la calidad del plan operativo. Estas condiciones, según Amiano, permiten que diferencias mínimas en aspectos técnicos puedan anular ofertas económicas mucho más convenientes para el Municipio, llevando a la pregunta de si realmente todos los interesados tienen las mismas oportunidades de competir.
Fuente: ver nota original