Millonaria licitación de residuos en Concordia: Plazos exprés reavivan sospechas sobre la gestión del servicio
La Municipalidad de Concordia convocó a licitación pública para la recolección de residuos por $16.320 millones, con un plazo de menos de 25 días para la presentación de ofertas. Este llamado, sin anuncio oficial, emerge tras una controvertida contratación directa que generó una denuncia penal y fuertes cuestionamientos a la gestión local.
La Municipalidad de Concordia lanzó sin aviso oficial una licitación pública para la recolección domiciliaria de residuos sólidos urbanos, por un monto que asciende a $16.320 millones y un plazo de 48 meses. La novedad trascendió a través del Portal de Transparencia, donde se publicó el expediente Licitación Pública N° 1/2026. Sin embargo, lo que genera especial preocupación es el ajustado cronograma: la apertura de sobres está fijada para el 13 de agosto, dejando a las empresas interesadas menos de 25 días para preparar propuestas técnicas y económicas de una magnitud y complejidad considerables.
Este llamado llega apenas cuatro meses después de que el Ejecutivo local privatizara parcialmente el servicio mediante una contratación directa a la firma cordobesa VITSA Soluciones Ambientales S.A. Aquella decisión se justificó con la aprobación «sobre tablas» de una Emergencia Ambiental, alegando la necesidad de erradicar microbasurales, una tarea que la empresa contratada no realiza. Desde su inicio a fines de marzo, el procedimiento acumuló fuertes cuestionamientos políticos y administrativos, y finalmente derivó en una denuncia penal.
Los «puntos grises» en la contratación de VITSA son numerosos y significativos. Se señaló que los camiones de la empresa ya estaban en la ciudad antes de la aprobación de la ordenanza de emergencia por el Concejo Deliberante, y que el trámite administrativo se completó en pocas horas, el mismo 19 de marzo en que se firmó el contrato. Además, se supo que VITSA no figuraba inscripta como contribuyente de la Tasa Comercial municipal ni contaba con habilitación para su base operativa. El contrato con la empresa cordobesa, que fijó un valor inicial de $250 millones mensuales con actualización trimestral –que ya habría ascendido a $290 millones–, incluso incluyó una cláusula de confidencialidad de cinco años y especificó un equipamiento mínimo de apenas tres camiones compactadores y 22 trabajadores para cubrir ocho zonas de la ciudad.
La acumulación de irregularidades llevó al abogado Mariano Giampaolo a presentar una denuncia penal. La misma solicita investigar al intendente Francisco Azcué, a funcionarios municipales, directivos de VITSA y a los concejales que aprobaron la Emergencia Ambiental. La acusación principal sostiene la existencia de una contratación previamente acordada, con el procedimiento administrativo y legislativo sirviendo únicamente para otorgarle una apariencia de legalidad. Hasta el momento, la fiscalía a cargo de Martín Núñez, donde recayó la investigación, no ha impulsado medidas conocidas ni ha trascendido requerimientos de documentación o informes.
La nueva licitación, que promedia un costo mensual de $339.583.333 –superando ampliamente los $250 millones iniciales del contrato con VITSA–, exige a los oferentes una propuesta técnica integral, equipamiento, personal, base operativa, sistemas de monitoreo satelital y planes de contingencia, entre otros. La urgencia del cronograma, con menos de 25 días para la presentación de ofertas para un servicio de esta magnitud, resulta incomprensible, máxime cuando el sistema mixto de recolección lleva cuatro meses implementado con la empresa privada operando en ocho sectores. Este plazo tan acotado podría limitar la concurrencia efectiva de oferentes, levantando sospechas sobre la transparencia y la competencia real en un contrato crucial para todos los concordienses.
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