Azcué designa a una jubilada nacional que ya cobraba por el cuestionado Código 600 para la Secretaría de Gobierno
El intendente Francisco Azcué oficializó a Patricia Rodríguez al frente de una de las áreas más sensibles del Ejecutivo municipal. La designación reconfigura el mapa político interno y reaviva el debate sobre la doble percepción de ingresos estatales.
Dos semanas después de la renuncia de Luciano Dell’Olio, el intendente Francisco Azcué designó a la contadora Patricia Rodríguez como nueva secretaria de Gobierno. Rodríguez, quien ya integraba el gabinete municipal de forma ad honorem y percibía ingresos por el polémico Código 600, es una figura cercana al secretario de Hacienda, Pablo Ferreyra, y su nombramiento no pasa desapercibido en el ambiente político local.
Esta designación no solo cubre una vacante estratégica, sino que confirma el creciente protagonismo del sector encabezado por Ferreyra dentro de la estructura de la gestión. La medida se da en un contexto de reconfiguración interna y crisis, tras la salida de Dell’Olio y otros dos funcionarios de primera línea identificados con el diputado provincial Marcelo López. Este movimiento es interpretado como un claro reordenamiento del poder dentro del equipo municipal.
Un aspecto que genera especial atención es la situación previsional y de ingresos de la flamante secretaria. Patricia Rodríguez percibe una jubilación nacional, producto de su trayectoria en ANSES, y hasta su nombramiento percibía 600.000 pesos mensuales a través del Código 600. Si bien la situación difiere jurídicamente de casos anteriores de funcionarios que cobraban jubilaciones provinciales, ya que la incompatibilidad señalada por la Caja entrerriana no aplicaría en principio, la utilización de este mecanismo administrativo continúa bajo la lupa pública.
La controversia en torno al Código 600 y la doble percepción de ingresos estatales ha sido un tema recurrente en la política local. Si bien en este caso la jubilación es de régimen nacional, la designación de Rodríguez reinstala un debate de carácter político y ético sobre la idoneidad de que un funcionario público perciba múltiples ingresos del Estado. Un antecedente citado es el de la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza, quien desde 2017 suspendió voluntariamente el cobro de su jubilación mientras ejerce funciones.
Además de los cuestionamientos sobre la modalidad de ingresos, circulan en la ciudad versiones sobre la trayectoria política de Rodríguez, señalándola por su supuesta cercanía a distintos gobiernos locales y por versiones que la vinculan a negocios con el Estado a través de lazos familiares con empresas contratistas. También se hacen eco de críticas a su gestión anterior, incluyendo acusaciones de persecución laboral en PAMI y decisiones controvertidas sobre programas sociales. Estos señalamientos, aunque no verificados, se suman al complejo escenario que rodea su asunción en un área clave de la administración Azcué.
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