La Comida de los Chicos Bajo la Lupa: Investigación Judicial Sacude a Comedores Escolares de Concordia
Mientras el Gobierno provincial impulsa cambios en el sistema de compra de alimentos para comedores escolares, una investigación judicial revela presuntas irregularidades por más de $100 millones destinados a la alimentación de niños en Concordia. Siete personas están imputadas, incluyendo a la exresponsable local de Comedores, en un caso que expone las falencias del sistema.
El Ciudadano Concordia pone el foco en una situación que golpea en lo más sensible de nuestra comunidad: la alimentación de los niños en las escuelas. Mientras el Gobierno provincial impulsa cambios en el sistema de compra de alimentos para comedores escolares, una investigación periodística de alcance nacional ha vuelto a ubicar a nuestra ciudad en el centro de un delicado escándalo. La Justicia local investiga presuntas irregularidades por una cifra que supera los 100 millones de pesos, fondos que estaban específicamente destinados a desayunos, almuerzos y meriendas de 37 establecimientos educativos.
Las sospechas se concentran en la mecánica de uso de las tarjetas de compra SIDECREER, el sistema que regía hasta agosto para que los responsables de comedores adquirieran los alimentos. Una auditoría de la Dirección de Comedores provincial en 2024 fue el disparador al detectar importantes diferencias entre la documentación, facturas, remitos, cantidad de beneficiarios y fondos asignados. La Unidad Fiscal de Concordia, a cargo de la fiscal Daniela Montangie, tiene a siete personas imputadas, entre ellas Silvina Murúa, quien fuera la máxima responsable local de Comedores, junto a familiares y otros individuos presuntamente involucrados en las operaciones investigadas.
La acusación detalla un presunto accionar que se habría iniciado en enero de 2024: la coacción o persuasión a responsables de comedores para direccionar compras hacia una firma comercial específica. La investigación también busca esclarecer si tarjetas con montos superiores al millón de pesos quedaron en manos de terceros y si fondos públicos fueron desviados para fines ajenos a la alimentación escolar. La gravedad del caso ya se había vislumbrado en junio de 2025, cuando una auditoría previa sobre 21 establecimientos detectó más de 66 millones de pesos sin justificación, lo que provocó la separación de Murúa de su cargo. Hoy, la investigación abarca 37 escuelas y un monto que supera los $103 millones. La Fiscalía atribuye provisoriamente los delitos de peculado, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita, pudiendo aplicar la figura especial del artículo 210 ter del Código Penal, incorporado en 2025, con penas de 8 a 20 años de prisión para quienes se acredite que cooperaron en delitos contra la administración pública.
Este escándalo adquiere una dimensión aún más dolorosa al considerar que Concordia es una de las ciudades más castigadas por la pobreza en el país. Cada peso presuntamente desviado no proviene de una cuenta abstracta del Estado, sino de la comida que debía llegar a la mesa de un niño. El caso irrumpe en un contexto de fuerte debate sobre los cambios propuestos por la Provincia para el sistema de compras, y obliga a una pregunta incómoda: ¿qué nivel de control real existía sobre estos fondos? Es fundamental distinguir este caso, con investigación judicial, auditorías e imputaciones concretas, de las versiones informales sobre supuestos “arreglos” con proveedores que, por ahora, circulan en otras localidades entrerrianas sin pruebas.
Lo ocurrido en Concordia no es un rumor; es una investigación en curso que exige la máxima transparencia y el rigor de la justicia. Más allá de la discusión sobre la conveniencia de nuevos sistemas de compras, este expediente deja una enseñanza ineludible: cuando se administran recursos para la alimentación de los niños, no solo importa el monto, sino quién lo gestiona, dónde se compra, cuánto se paga y, fundamentalmente, qué cantidad de comida llega efectivamente a cada escuela. El Ciudadano Concordia continuará de cerca este proceso, velando por que se esclarezca la verdad y se responsabilice a quienes hayan atentado contra un bien tan básico y sagrado como la comida de nuestros hijos.
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