Millonaria licitación de residuos en Concordia: Plazo exprés y sombra de la polémica por VITSA
La Municipalidad de Concordia convocó una licitación pública para la recolección de residuos sólidos urbanos por un valor de $16.320 millones.
La decisión, tomada sin anuncio oficial, se da en un contexto de serios cuestionamientos por la previa contratación directa y una denuncia penal sin avances.
La Municipalidad de Concordia, sin mediar anuncio oficial, ha lanzado una licitación pública para la recolección domiciliaria de residuos sólidos urbanos, un servicio vital para la ciudad. El llamado, detectado en el Portal de Transparencia, fija un presupuesto oficial impactante de $16.320 millones por cuatro años de contrato, pero otorga a las empresas interesadas menos de 25 días para preparar sus ofertas. Esta premura levanta serios interrogantes, especialmente al considerar que la convocatoria surge tras meses de una polémica contratación directa que dejó más dudas que certezas en la gestión local.
Con un promedio mensual que asciende a $339.583.333, la nueva licitación supera con creces el costo del actual contrato parcial con la cordobesa VITSA Soluciones Ambientales, que se inició en $250 millones y ya se estima en $290 millones mensuales. Este incremento presupuestario, junto con la complejidad técnica que exige el pliego –desde equipamiento y personal hasta sistemas de monitoreo satelital y base operativa integral– subraya la magnitud de la operación y, a la vez, la extrañeza del calendario acotado.
La génesis de esta licitación se encuentra en la controvertida contratación de VITSA Soluciones Ambientales S.A. en marzo pasado. En aquel momento, la excusa de una «Emergencia Ambiental» –aprobada sobre tablas y justificada con tareas que la empresa ni siquiera realizaba– permitió al Ejecutivo sortear la licitación pública y firmar un contrato directo. Desde el inicio, el proceso estuvo plagado de puntos oscuros: camiones ya en la ciudad antes de la aprobación del Concejo Deliberante, un trámite administrativo exprés, y una gacetilla oficial que se anticipó a la sesión. A esto se sumó la revelación de que VITSA no estaba inscripta como contribuyente de Tasa Comercial ni contaba con habilitación para su base operativa, además de un contrato con cláusulas de confidencialidad y equipamiento mínimo.
Todo este entramado de irregularidades culminó en una denuncia penal presentada por el abogado Mariano Giampaolo, quien solicitó investigar al intendente Francisco Azcué, a funcionarios municipales, directivos de VITSA y concejales que validaron la Emergencia Ambiental. La presentación esgrimió que hubo una contratación previamente acordada, con un procedimiento administrativo y legislativo diseñado para otorgar una mera «apariencia de legalidad». Sin embargo, hasta la fecha, no se conocen avances ni medidas impulsadas desde la fiscalía a cargo de Martín Núñez, lo que profundiza la sensación de impunidad y falta de rendición de cuentas.
La urgencia para presentar ofertas en menos de 25 días para una de las contrataciones más importantes y complejas de la gestión actual, cuando el servicio ya se presta de forma parcial desde hace cuatro meses, resulta cuando menos llamativa. La ciudadanía se pregunta qué razones justifican un cronograma tan acotado, que podría limitar la concurrencia efectiva de oferentes y, por ende, la transparencia y competitividad del proceso. El 13 de agosto, fecha de apertura de sobres, se revelará si este plazo fue suficiente para atraer a las empresas adecuadas o si, por el contrario, genera nuevas suspicacias en torno a la gestión de los residuos en Concordia.
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