Millones adeudados y un sistema que cambia: proveedores de Concordia, al borde del colapso por los comedores escolares
El Gobierno de Entre Ríos anunció un cambio radical en la provisión de alimentos para los 996 comedores escolares, pasando a un esquema centralizado a partir de agosto. Esta medida se da en un contexto crítico para los proveedores de Concordia, quienes atraviesan una severa crisis financiera por la falta de pago de deudas millonarias correspondientes a las entregas de mayo y junio.
Mientras el Gobierno provincial anuncia con bombos y platillos la modificación del esquema de provisión de alimentos para desayunos y meriendas de 996 comedores escolares, la realidad de los proveedores de Concordia dista mucho de ser festiva. A partir de agosto, la tradicional compra mediante tarjeta será reemplazada por un sistema de adquisición centralizada vía licitación. Sin embargo, este anuncio encuentra a los comerciantes locales en una situación financiera insostenible, con deudas pendientes que amenazan su subsistencia.
La problemática se centra en los pagos adeudados por las entregas de mayo y junio, montos que, según el propio cronograma, deberían haber sido cancelados hace semanas, dentro de los 28 días hábiles. Las consultas realizadas por este medio a comerciantes vinculados al abastecimiento revelan un escenario de profunda preocupación. Las sumas pendientes varían drásticamente, pero pueden alcanzar entre 40 y 100 millones de pesos por proveedor, una cifra que empuja a muchos al límite de su capacidad operativa.
La demora no solo estrangula a quienes entregaron los alimentos directamente a las escuelas, sino que genera un efecto dominó en toda la cadena comercial. Muchos de estos proveedores son comercios medianos, distribuidores y mayoristas que, a su vez, deben afrontar obligaciones con sus propios proveedores, acumulando deudas mientras esperan el dinero de la Provincia. Aún más desconcertante es que, a pesar de las deudas atrasadas, se habilitaron las tarjetas para las compras de julio, cubriendo apenas 15 días hasta la implementación del nuevo sistema. ¿Quién garantiza el cobro de estas nuevas entregas si los meses anteriores siguen impagos?
Según el Ministerio de Desarrollo Humano, el flamante sistema busca establecer criterios comunes de calidad nutricional, reforzar controles y unificar la provisión. Se asegura que el proceso licitatorio cumplió con la normativa y que la empresa adjudicataria —cuyo nombre no se revela— satisfizo los requisitos. Pero la opacidad es total: el comunicado oficial omite deliberadamente el nombre de la firma ganadora, el monto adjudicado y las condiciones económicas del contrato. Esta falta de transparencia alimenta sospechas sobre la seriedad del proceso.
¿Dónde y cuándo se publicó esta licitación de tal magnitud? ¿Cuál es la empresa que se beneficiará con este contrato millonario? Y, más importante aún para nuestros comerciantes, ¿cuándo se saldarán las deudas de mayo y junio? Estas preguntas, que quedan sin respuesta, ponen en tela de juicio la modalidad del cambio. ¿Fue esta nueva política consensuada con directivos, docentes y cocineras, actores clave en los comedores escolares, o es otra imposición más, como nos tiene acostumbrados el actual gobierno? Las dudas persisten, y la sombra de un posible ‘direccionamiento encubierto’ planea sobre un proceso que debería ser ejemplar en su transparencia.
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